Panamá ( EFE ). El 67 por ciento de los panameños opina que el Gobierno utilizó " fuerza excesiva " durante las protestas de bananeros que dejaron dos muertos en el occidente del país, en los primeros días de julio pasado, según una encuesta publicada hoy por la prensa local.
El sondeo muestra que el 67 por ciento de los panameños cree que el Gobierno que preside Ricardo Martinelli utilizó "fuerza excesiva" en las protestas, frente a 16 por ciento que está en desacuerdo o total en desacuerdo y otro 16 por ciento contestó que no está de acuerdo ni en desacuerdo.
La encuesta, elaborada por la empresa Ipsos del 22 de julio al 2 de agosto y encargada por Telemetro Canal 13 y el diario Panamá América indica que el 51 por ciento de los consultados dijo que los manifestantes estuvieron excesivamente violentos.
Mientras, el 18 por ciento señaló que los manifestantes no estuvieron violentos y un 30 por ciento contestó que no está de acuerdo ni en desacuerdo.
Un 17 por ciento de los encuestados indicó que el Gobierno tuvo un buen manejo de la situación, el 37 por ciento dijo que está en desacuerdo y un 26 por ciento está totalmente en desacuerdo.
El 70 por ciento de los entrevistados cree que la polémica "Ley 30", que fue el motivo de las protestas, afecta a los trabajadores y el 62 por ciento opina que la norma afectará el aspecto ambiental.
El 13 por ciento estima que esta ley contribuirá al progreso del país y el 61 por ciento dijo que está convencido de que sólo beneficiará a la gente con dinero.
La encuesta se elaboró casi un mes después de que el sindicato de bananeros de Changuinola, en la provincia occidental de Bocas del Toro, realizó protestas por la polémica Ley 30, también conocida como "ley chorizo", que degeneraron en enfrentamientos entre huelguistas y la Policía que dejaron oficialmente dos muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.
La Ley 30, tramitada como una modificación a la normativa de aviación comercial, incluye cambios en tres códigos (Penal, de Justicia y Laboral) y seis leyes, incluida la orgánica de la Policía, y en el ámbito laboral contempla entre otros aspectos el levantamiento de la obligatoriedad de pagar la cuota sindical.
El sindicato bananero aceptó poner fin el pasado 11 de julio a la huelga que mantuvo durante diez días, después de que el Gobierno aceptó que el Parlamento suspendiera temporalmente una parte de la polémica ley para revisarla.
El 9 de agosto se instaló una comisión especial para revisar la ley, pero diferentes sindicatos piden su derogación total, como uno de sus requisitos para negociar.
La encuesta fue realizada entre 937 personas mayores de edad y tiene un margen de error del 2,8 por ciento.
