PANAMÁ (AFP). Un grupo de panameños pedirá al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, que interceda en un conflicto que mantiene con las autoridades panameñas, quienes pretenden desalojarlos de terrenos que ocupan desde hace años en las riberas del Canal de Panamá .
" Estamos remitiendo una carta al presidente Barack Obama para que sepa que un grupo de panameños y panameñas atropellados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) denuncia la violación flagrante de los tratados Torrijos-Carter ", dijo a la AFP el abogado Silvio Guerra.
Los tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977 por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder nacionalista panameño Omar Torrijos, cedió a Panamá la soberanía sobre el canal a partir del año 2000.
" Queremos que Obama tome en cuenta cómo puede la República de Panamá exigir respeto a la integridad de los textos y cláusulas de los tratados cuando es el primero en violarla ", aseguró Guerra, quien este miércoles entregará la misiva en la embajada estadounidense.
El foco del conflicto es un terreno a orillas del canal de Panamá, en las afueras de la capital, donde residen y tienen sus negocios decenas de personas desde hace décadas.
Según Guerra, la ACP pretende desalojar a más de 150 personas que tienen sus propiedades reconocidas bajo el amparo de los tratados Torrijos-Carter, que otorgaron tutela jurídica a los moradores de entonces sobre los terrenos para que siguieran en ellos una vez que pasaran a soberanía panameña.
Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá pidió este martes "el retiro ordenado de los terrenos y la remoción de cualquier tipo de bienes, incluyendo estructuras levantadas en esa área", al considerar que estas personas ocupan "ilegalmente" su propiedad.
En el área hay ahora viviendas, pequeños negocios y talleres de mecánica, soldadura, madera, además de bodegas y depósitos.
" Tenemos toda la documentación y ahora alegan que somos como unos invasores o gente que ha ocupado esas tierras ilegalmente y eso falta a la verdad completamente ", dijo a la AFP Marcos Ostrander, quien lleva 40 años en esos terrenos, donde tiene un negocio para reparar botes.
Los afectados aseguran que en el lugar habría " grandes intereses de por medio " para construir un centro logístico para el almacenamiento o distribución de carga.
La ACP insiste en que "ningún ocupante de esa finca tiene titulo de propiedad válido " y que " la ocupación ilegal degeneró en una actividad económica de subarriendos, arriendo y ventas de locales ".
FUENTE: Agencia AFP