Hasta el martes 25 dieron como plazo un grupo de precaristas al Gobierno Nacional para tener una solución ante una orden de desalojo, que los obligaría a retirarse de las tierras que ocupan en Arraiján, las cuales están siendo reclamadas por sus propietarios.
Pablo Martínez, secretario general de la Coordinadora Victoriano Lorenzo en las áreas revertidas y abogado de los invasores expresó que el martes pasado debieron recibir respuesta de la Presidencia de la República, tal como prometió su director de Asuntos Públicos, y hasta ayer no se les había dicho nada.
"El funcionario nos informó sobre la posibilidad de incluir la petición de expropiación de tierras en la agenda del Consejo de Gabinete, pero no se nos ha dicho nada al respecto", acotó Martínez
Advirtieron que si el Ejecutivo no le tiene una respuesta ese día convocarán una manifestación a nivel nacional.
Hoy este grupo de lugareños perteneciente a unas siete comunidades, caminaron desde Arraiján hasta la Presidencia de la República en segunda ocasión para entregar un pliego de peticiones donde solicitaban al Ejecutivo que le dieran las propiedades, ya que ellos están dispuestos a pagar según su valor.