El Consejo de Gabinete aprobó un Decreto Ejecutivo que reconoce el fallo emitido en octubre de 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos , condenando a la República de Panamá por violar el derecho a la propiedad colectiva y a la protección judicial del pueblo Guna de Madungandí y Emberá de Bayano.
Los antecedentes de esta demanda se remontan al año 1972, cuando inició el desalojo de territorios habitados por estos grupos indígenas, para la construcción por parte del Estado panameño de la Represa Hidroeléctrica de Bayano.
Será el Ministerio de Economía y Finanzas la entidad encargada de ejecutar el trámite para el pago de las obligaciones económicas, cuyo monto asciende a 2.6 millones de balboas. “Este pago se entregará de forma íntegra, sin reducciones derivadas de cargas fiscales”, señala un comunicado.
El fallo además ordena al Estado a proceder con la demarcación y titulación de las tierras.