La empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), retirada por el Gobierno de Panamá del polémico proyecto Barro Blanco, manifestó ayer su voluntad de negociar con el Ejecutivo una "solución integral" que no le perjudique.
Genisa había manifestado su oposición al acuerdo firmado el lunes entre el Gobierno y las autoridades indígenas relacionadas, y recordó que podría ejercer acciones legales para hacer cumplir "los principios de legalidad" y el respeto a sus derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica".
Pero ayer miércoles, la empresa reconoció "el esfuerzo que ha llevado a cabo el Gobierno Nacional para lograr una solución pacífica con las comunidades indígenas" que se habían opuesto y reiteró la "necesidad de que se lleven a cabo los esfuerzos necesarios para lograr una solución integral que atienda las necesidades de todas las partes".
El Gobierno panameño acordó con los líderes indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, en el noroeste del país, poner a funcionar la hidroeléctrica de Barro Blanco, cuyas obras se paralizaron en febrero de 2015, pero otorgarle la operación de la misma a un "tercero independiente", aún por determinar, y no a la empresa que ganó la concesión en 2007.
El acuerdo, fruto de año y medio de conversaciones en una mesa de dialogo instalada por el Gobierno en la que no estuvo Genisa, contempla traspasar las acciones de la compañía a un fideicomiso.
Además, incluye el compromiso del Gobierno de crear un fideicomiso con el 15 % de los ingresos brutos que genere el proyecto hidroeléctrico para el desarrollo de las áreas indígenas aledañas.
La compañía dijo que si bien el acuerdo suscrito contiene temas que son de competencia exclusiva del Gobierno Nacional y la Comisión Indígena, también se incluyeron otros "que guardan relación directa con la propiedad del proyecto y sus inversionistas, algunos de los cuales fueron discutidos previamente con Genisa y otros de los cuales solo se tuvo conocimiento con posterioridad al acuerdo".
"En este sentido, Genisa le ha reiterado al Gobierno Nacional su disposición y voluntad de llevar a cabo las conversaciones necesarias para alcanzar una solución integral", concluyó la empresa en un comunicado.
El Gobierno había dicho inicialmente que la concesionaria estaba en conocimiento del contenido del acuerdo, había cooperado e incluso había proporcionado algunos de los puntos, pero en declaraciones a medios locales el presidente, Juan Carlos Varela, reconoció que la empresa "no avaló" la propuesta.
"Genisa no es parte de este acuerdo" firmado por Varela y líderes indígenas, que incluye "cláusulas que claramente vulneran y menoscaban nuestros derechos bajo el contrato de concesión para la construcción y explotación de una central hidroeléctrica construida en tierras" propiedad de Genisa, y ubicadas fuera de la comarca Ngäbe Buglé, indicó el martes la empresa.
Genisa obtuvo en 2007 la concesión e inició en 2011 la construcción de la hidroeléctrica, ahora con un 95 % de avance, que proyecta generar 28,56 megavatios o cerca del 2 % de la capacidad instalada del país centroamericano.
El Gobierno de Varela suspendió las obras en febrero de 2015 y multó por violaciones a la ley ambiental a la empresa, que ha rechazado los alegatos oficiales y ha pedido respetar la seguridad jurídica.
FUENTE: EFE
