El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado se pronunció este miércoles en rechazo al recorte en el presupuesto solicitado para la vigencia fiscal 2018 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas con una diferencia de aproximadamente de 4%.
De acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial el presupuesto solicitado para el próximo año es de 166.8 millones de dólares, mientras que el MEF recomendó la suma de 159.4 millones.
" En nombre de todos los funcionarios judiciales y administrativos, y de los usuarios del sistema, se reconoce y agradece los incrementos presupuestarios del 2015-2016 (21%) y del 2016-2017 (14%), pero no es posible aceptar un presupuesto para el 2018 de 159.4 millones de balboas, cuando para el día de hoy, el presupuesto es de 166.8 millones de balboas ", dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia ante los diputados de la Comisión de Presupuesto.
Durante la sustentación de los fondos solicitados Ayú Prado explicó que la ejecución presupuestaria para agosto de 2017, lo que se solicita para el presupuesto del 2018, el incremento recibido entre los años 2015 a 2017, por lo cual no puede aceptar la recomendación del MEF de un presupuesto para el 2018 un monto menor que el aprobado para este año de 160.9 millones y que se incrementó aún más con los aportes recibidos quedando en 166.8 millones.
Señaló que mientras la Corte atiende temas penales y de otras 10 jurisdicciones, el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó una disminución del 4% para el 2018, sin embargo para el Ministerio Público que solo atiende casos penales se recomendó un incremento del aproximadamente el 3%, lo que representa unos siete millones de dólares.
Además pidió a la Comisión de Presupuesto y al MEF, no prestar toda la atención a los denominados "casos de alto perfil", sino también a los aproximadamente 10,000 casos penales, donde hay personas privadas de su libertad y víctimas que esperan la culminación de los procesos, en "descarga" por el Ministerio Público y en "liquidación" por el Órgano Judicial, y no por el Sistema Penal Acusatorio.
FUENTE: Ricardo Richards




