Catherine Perea

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell aseguró que el proyecto de imprescriptibilidad del delito de corrupción es una gran herramienta para el Ministerio Público (MP) que va de la mano con convenios internacionales en la lucha contra ese delito.

Sin embargo, Porcell dijo que el proyecto hace daño a la persecusión del delito en cuanto a la posibilidad de sancionar personas jurídicas dedicadas al transporte en bienes o servicios y que están relacionadas al narcotráfico y la sanción a sociedades fachadas.

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Se trata del artículo 51 del Código Penal sobre sanciones a personas jurídicas usadas para cometer el delito. En el numeral 6 se establecía una multa no inferior de 25 mil dólares ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial, en caso de que la persona jurídica sea prestadora del servicio de transporte mediante el cual se introduce la droga al territorio nacional.

En el proyecto de Ley 514 de imprescriptibilidad ese numeral fue eliminado.

En ese sentido, la jefa del Ministerio Público advirtió que de ser sancionada, la criminalidad desde el poder adquirirá más fuerza, toda vez que bajará el nivel de persecusión del MP y no podrá investigar a esas personas.

A pesar de esta advertencia, señaló que no ha realizado una petición al mandatario de la República, Juan Carlos Varela para vetar el proyeto, “ el Ejecutivo tendrá un equipo legal para hacer análisis correspondiente”.

“La norma es excelente, pero tengo que ser objetiva y sincera pero en el documento de ley, con la omisión de posible sanción a sociedades fachadas y personas jurídicas dedicadas al transporte en temas de narcotráfico es un retroceso”.

Recomendó que el proyecto podría ser acompañado de otras herramientas como el aumento de las penas, la incorporación de todo el título de los delitos contra la administración pública como precedente del blanqueo de capitales, y la extinción de dominio.

La semana pasada, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI) y la Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitaron al Ejecutivo vetar el artículo 4 incluido en el segundo debate mediante el cual se inhabilita para contratar con el Estado a las empresas que han aceptado utilizar la colaboración eficaz en investigaciones por casos de corrupción y otros delitos.

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