Catherine Perea

Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) solicitó al presidente de la República, Juan Carlos Varela sancionar el proyecto de Ley 514 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, aprobado en tercer y último debate.

“Planteamos que el Presidente debe aprobar la ley y dar consecución para que se tenga el primer escalón en la lucha contra la corrupción”, dijo el abogado.

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Explicó que no es una ley de imprescriptibilidad, sino que se trata de una reforma al Código Penal para reformar artículos relacionados con la prescripción de la acción penal. En ese sentido, detalló, solo se modifica un artículo que hace que los delitos de corrupción, peculado y enrriquecimiento ilícito pasen a ser imprescriptibles.

Además, se implementó una reforma en cuanto a la ley de Contrataciones, la cual es independiente de los efectos penales.

Rodríguez señaló que el proyecto plantea una sola opción, las empresas pueden aceptar acuerdo de colaboración, pero no pueden seguir contratando con el Estado.

“Hay que establecer una sanción a esa empresa, sino la empresa y la persona no van a tener otro tipo de sanción, no es penada, y no es vinculada. Pero en la esfera administrativa esa empresa que ha aceptado hechos puede seguir contratando, entonces cuál es la garantía”, manifestó.

Esas empresas, explicó, podrían utilizar figuras jurídicas comerciales, de sociadeas y cambiar de representante legal para seguir contratando con el Estado.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI) y la Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitaron al Ejecutivo vetar el artículo 4 del proyecto mediante el cual se inhabilita para contratar con el Estado a las empresas que han aceptado utilizar colaboración eficaz en investigaciones por casos de corrupción.

Ambas organizaciones aseguran que dicho artículo tendría un impacto negativo al desmotivar dichas empresas a colaborar.

Por su parte, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell aseguró que el proyecto se elimina un numeral del artículo 51 del Código Penal sobre sanciones a personas jurídicas usadas para cometer delitos relacionados al narcotráfico.

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