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Informe de EEUU sobre DDHH en Panamá destaca corrupción en entidades públicas

El informe  del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en Panamá en 2018, destacó que la corrupción sigue siendo un grave problema en los tres órganos del Estado, así como en la fuerza de seguridad.

El informe sigue de cerca una serie de escándalos de corrupción que se hicieron públicos a principios de ese año y que involucra a diputados de la Asamblea Nacional, como por ejemplo las auditorías que hizo la Contraloría General de la República a fondos que manejaron a través de juntas comunales y municipios durante la pasada administración.

Además, el informe hace mención a la polémica planilla 080 de contratos por servicios porfesionales del personal de diputados.

Estados Unidos destaca que la supuesta corrupción de los diputados involucró a familiares registrados en esas planillas, a pesar de que no trabajaban en el Parlamento; líderes comunitarios que promovían trabajos de diputados pero que eran pagados por nóminas del legislativo, y contratos directos adjudicados a empresas propiedad de los mismos.

Por estos casos, hasta agosto de 2018, señala EEUU, no se habían presentado cargos contra ningún diputado y ha seguido de cerca el impacto de estos casos en el proceso electoral, haciendo mención incluso a la creación del movimiento "No a la reelección".

Condiciones en centros penitenciarios

EEUU reiteró que en Panamá persisten duras condiciones en las cárceles debido al hacinamiento, escasez de custodios penitenciarios, falta de servicios médicos adecuados y precarias condiciones sanitarias.

Según recoge el documento, personas con medidas cautelares comparten celdas con presos condenados debido a limitaciones de espacio. Detalla además poca seguridad, falta de atención médica, de medicamentos y suministros básicos para la higiene personal.

Había mil 170 guardias de prisión a nivel nacional, incluyendo 69 guardias nuevos contratados durante el 2018, sin embargo, se requerían 2 mil 870 guardias. De acuerdo con el documento, las autoridades panameñas reconocieron que la escasez de personal limita el tiempo de ejercicio de los reclusos en ciertos días.

El informe también destaca la reapertura de la cárcel insular Punta Coco. En 2018 EEUU hizo referencia a la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de cerrar esa cárcel debido a la falta de atención médica para los reclusos.

Libertad de expresión

Sobre la libertad de expresión en Panamá, el informe menciona un aumento en demandas contra periodistas y medios de comunicación.

Hace mención a las demanda interpuesta por la ex primera dama Marta de Martinelli contra cinco periodistas, en busca de que se dejara de publicar nombres y apellidos de su familia que están bajo investigación por supuestos actos de corrupción.

También menciona la demanda interpuesta por el expresidente Ricardo Martinelli, detenido en el Centro Penitenciaro El Renacer por supuestas escuchas ilegales en su administración, contra Annette Planells y Mariela Ledezma por supuesta difamación.

FUENTE: Catherine Perea