La Red de Derechos Humanos de Panamá se pronunció este lunes con relación a la crisis institucional por la que atraviesa la Defensoría del Pueblo, esto luego de que la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional recomendó la remoción del actual defensor Alfredo Castillero Hoyos ante su inasistencia a tres citaciones que se le hicieron.
Expresa su rechazo ante esta situación la cual cataloga como un “asalto politiquero” y exigen que se dé el debido proceso en cuanto a la investigación al actual Defensor del Pueblo, así como el respeto a la presunción de inocencia, al tiempo que señala la importancia de que se conozca la verdad de las graves acusaciones, en especial la relativa al delito de acoso sexual, al ser un tipo de abuso de poder que no es tolerable.
"Tenemos derecho a defender nuestros derechos humanos, rechazamos el asalto politiquero a la Defensoría del Pueblo. Esta institución no es una bolsa de trabajo para militantes políticos, es mecanismo nacional especializado de protección de nuestros derechos humanos" , enfatiza.
También hace un llamado a Castillero Hoyos para que se pronuncie claramente sobre las graves acusaciones, que tome acción inmediata ante los cuestionamientos al nombramiento de la adjunta, siendo una acción que incrementa los riesgos de cooptación política de la institución.
Por otro lado, indica que de llegar a concretarse la separación del actual defensor, se debe garantizar la autonomía y no injerencia del partido gobernante en el posible futuro nombramiento de un nuevo funcionario como Defensor o Defensora del Pueblo.
"Pedimos que la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, reciba las candidaturas de aquellas personas interesadas en este cargo. Que dicha Comisión escoja una lista corta de candidaturas que posteriormente le envíe a la Comisión de Credenciales, para su tramitación correspondiente como mandata la norma" , indica la Red.
Asimismo Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman emitió un comunicado expresando su preocupación por esta situación y solicita a las autoridades legislativas de Panamá que garanticen y respeten el cumplimiento de los principios de independencia y autonomía en el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
Al mismo tiempo expresa la voluntad de esa Federación de dar visibilidad internacional a esta situación ante el sistema interamericano, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y de otros foros de derechos humanos.
FUENTE: Nimay González