Panamá Nacionales -  16 de octubre 2019 - 19:58hs

CIDH preocupada por destitución del Defensor del Pueblo, advierte afectaciones a la independencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció con relación a la destitución Alfredo Castillero Hoyos, del cargo de Defensor del Pueblo de Panamá, y advierte sobre las afectaciones a la independencia de esa entidad.

Mediante un comunicado expresa su preocupación por la destitución de Castillero Hoyos, aprobada en la Asamblea Nacional el pasado 9 de octubre de 2019, por negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes inherentes al puesto, ante lo cual el Defensor alegó la afectación a su derecho a la defensa ante el Pleno, al haber llegado al debate sobre su remoción sin haber tenido acceso al expediente.

"Las afectaciones a la independencia de las Defensorías del Pueblo pueden resultar en consecuencias negativas para la promoción y defensa de los derechos humanos así como para el fortalecimiento de la democracia. El Estado de Panamá debe asegurar la independencia de este organismo y garantizar que los procesos de destitución cuenten con las debidas garantías" , señala la Comisionada Flávia Piovesan, Relatora para Panamá.

En el documento se hace un recuento sobre este caso, que inició el 8 de agosto del 2019, cuando la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, creó una Comisión encargada de investigar al Castillero Hoyos, por denuncias de supuesto acoso sexual y laboral; el 3 de octubre dicha Comisión aprobó por unanimidad recomendar al Pleno su remoción y declarar el cargo vacante, por supuesta negligencia y falta de solvencia moral; y el 9 de octubre se ejecutó la destitución.

También recuerda que la Defensoría del Pueblo indicó en un comunicado del 3 de octubre, que su titular no atendió a la citación hecha por la Comisión de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia al considerar que ésta no habría brindado las garantías necesarias para presentar su informe de defensa; y que no tuvo acceso a la documentación que sirvió como sustento para la creación de la subcomisión que investiga las denuncias en su contra por supuesto acoso sexual y laboral.

Añade que según información publicada, varias organizaciones de la sociedad civil han señalado que el reciente nombramiento de la Defensora del Pueblo Adjunta, Maribel Coco Fernández, se habría llevado a cabo, bajo presión política y que la independencia de dicha institución se encontraría comprometida.

Ante esto, explica que "las circunstancias que pueden dar lugar a la remoción del cargo de una institución de derechos humanos deben estar detalladamente especificadas y limitadas a errores graves o incapacidad manifiesta, debiendo el órgano encargado de decidir la sustitución, actuar independientemente del poder ejecutivo" , esto de conformidad con los Principios de París, que establecen que los Estados deben asegurar la independencia y autonomía de las defensorías del pueblo encargadas de la defensa y promoción los derechos humanos.

Asimismo recuerda que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) reafirmó la importancia de establecer, de conformidad con la legislación nacional, instituciones nacionales eficaces de promoción y protección de los derechos humanos, así como de mantener el pluralismo de su representación y su independencia.

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FUENTE: Nimay González