Para adquirir armas en Panamá hay un procedimiento que establece la ley, como los exámenes psicológicos, de antidoping, los antecedentes penales y más

Linda Batista

Isaac Brawerman de la Asociación de Propietarios de Armas se refirió a la legislación de Panamá sobre importación de armas, luego que la Fiscalía contra el Crimen Organizado llevó a cabo una serie de diligencias de allanamiento en residencias de exfuncionarios, como parte de una investigación por supuesto tráfico de armas de fuego.

Brawerman inició explicando que las armas de guerra, que son también consideradas armas deportivas, son aquellas que tienen capacidad de disparar en automático o en ráfaga. "Para que la fiscalía pueda alegar que son armas de guerra, debe demostrar la capacidad de disparo", indicó.

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Mencionó también, que las armas deportivas son permitidas, sin embargo solo pueden tenerse en el domicilio o desplazarlas únicamente al polígono de tiro.

Agregó que la legislación en Panamá no contempla armas con calibres prohibidos, contrario a lo que sostuvo el fiscal Emeldo Márquez. "Esas declaraciones comprometen a los propietarios de arma en general, porque para renovar los permisos o cuando nos detienen los policías, ellos también estarán confundidos", precisó.

Dijo que para adquirir armas hay un procedimiento que establece la ley, como los exámenes psicológicos, de antidoping, los antecedentes penales y más.

Además, detalló que según legislaciones internacionales, el certificado de usuario final es un requisito para el comercio de armas entre países, para que el país exportador envíe las armas al país importador. "Es solo un requisito, por ejemplo, se puede comprar armas para el Senafront y luego pueden ser comercializadas a otra entidad o a alguna persona", explicó.

Considera que hasta el momento pareciera que no hubo ilícito, según los documentos, sin embargo hay que determinar si hubo fraudes, falsificación de documentos y demás, que sí es posible.

Afirmó que la asociación sí considera que "la veda de importación trajo un tema fuerte de corrupción a nivel del Consejo de Seguridad". "Todos los que trabajaban allí tienen armas nuevas y son los mismos que impedían a la ciudadanía poder defenderse", acotó.

"Nosotros peleamos el derecho para tener armas de fuego, para adquirir armas legales, cuando ellos sí podían adquirir armas nuevas... la delincuencia ha seguido por años, y la ciudadanía necesita estar protegida y adquirir herramientas de defensa", concluyó Brawerman.

Tras las diligencias, se incautaron unas 34 armas de fuego que pertenecían a los estamentos de de seguridad del país y que luego eran sustraídas por personas que en su momento pertenecieron a altos mandos dentro de las autoridades.

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