Ciudad de la Salud

Nimay González

El nuevo Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, junto a personal de esta entidad, acudió este sábado al proyecto Ciudad de la Salud, esto en medio de la disputa legal existente actualmente entre la Caja de Seguro Social (CSS) y la empresa constructora española FCC.

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Leblanc dio a conocer que frente al problema y situación de ese proyecto, la Defensoría está preparando un informe formal bajo la perspectiva de los derechos humanos.

Cabe mencionar que la Ciudad de la Salud se comenzó a construir en el año 2012 para ser entregado en el 2015, sin embargo, a la fecha el proyecto solo lleva un avance del 65%.

En medio de la crisis por la pandemia de la COVID-19, el 4 de agosto la CSS en ejercicio de lo establecido en el contrato, la CSS le pidió a la empresa que le informara y cotizara el costo que tendrían las adecuaciones para la atención de pacientes con COVID-19 en la Ciudad de la Salud, sin embargo, el contratista respondió que quería un contrato distinto, lo cual fue rechazado debido a que el contrato original establece que la CSS podía solicitar modificaciones a la obra.

El 25 de agosto la empresa le envió una carta a la CSS donde le pedía la disolución del contrato de construcción de este proyecto y con eso dar por terminados sus compromisos con la CSS, aduciendo causas de fuerza mayor, lo cual también fue rechazado por la entidad, debido a que esto dejaría al país desprotegido de cualquier reclamación.

Posteriormente, el pasado 3 de septiembre, el director de la CSS, Enrqieu Lau informó que dio instrucciones al equipo legal para que iniciara un proceso de resolución administrativa del contrato de construcción de la Ciudad de la Salud.

Por otro lado, FCC interpuso una demanda en el Tribunal Internacional de Arbitraje, donde a través de un procedimiento de emergencia pretende evitar que la CSS pudiera en algún momento ejercer la fianza de cumplimiento, la cual es de unos 55 millones de dólares, mientras que la fianza de anticipo asciende a cerca de 38 millones, explicó Lau en su momento.

El equipo legal se ha encontrado con una demanda ante el tribunal de arbitraje internacional que exige el pago de 125 millones de balboas de Panamá hacia la empresa constructora, lo que Lau calificó de “un hecho inaceptable”. 

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