La posible construcción de un cementerio en Las Garzas ha generado controversia

Nimay González

El abogado Harley Mitchell explicó este lunes los riesgos sanitarios y lo que establece la ley sobre la construcción de cementerios cerca de barriadas, esto luego de que surgiera información sobre la posible construcción de este tipo de instalaciones en el corregimiento de Las Garzas, en Panamá Oeste sin los permisos idóneos.

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Enfatizó que a pesar de que la ley actual data de 1917 debe ser cumplida, específicamente el Artículo 1462 del Código Administrativo que establece que estas actividades como los campos santos son del alto riesgo a la salud y por tanto deben estar fuera de las comunidades, sin embargo, cuando se observa el estudio de impacto ambiental se establece que este mismo queda en la comunidad de San Diego.

“La ley, en este caso el Decreto Ejecutivo 150 del 2018 establece que alrededor de 50 metros no se puede construir ningún cementerio… este alto riesgo sanitario no es una opinión jurídica, no es una opinión de un experto, es algo que dice la ley, el Decreto Ejecutivo 40 de 2010 y el Decreto Ejecutivo 150 del 2018, establecen el alto riesgo sanitario que tienen estas actividades que contemplan incineradores, entierros de personas, un mantenimiento que requiere de agroquímicos porque estos son grandes jardines”, enfatizó Mitchel.

Frente a esto indicó que esta actividad debe estar bajo el escrutinio de las autoridades cuánto se realiza, incluso desde antes de que la misma se esté realizando y "por tanto el Código Administrativo a pesar de que es de 1917 debe cumplirse, estas actividades deben estar fuera de poblaciones".

Añadió que el estudio de impacto ambiental no es un documento para formalizar o para legitimar lo que la ley prohíbe, detallando que la Ley 38 de Procedimiento Administrativo establece que no se puede emitir ningún acto administrativo que viole la ley.

“Es bastante difícil de tragar que una actividad prohibida por la ley, que ha tenido que contemplar la legalidad no la esté cumpliendo desde su concepción, lo más lamentable de esto es que si las autoridades son sorprendidas en estos temas le crea una expectativa a los promotores de proyectos que creen que están legitimados por estas estructuras como estudios de impacto ambiental o como los planes de ordenamiento territorial y finalmente se encuentran con que esos proyectos aunque sean bienintencionados se encuentran en dudosa legalidad”, puntualizó el jurista.

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