Este martes 24 de agosto el Órgano Judicial informó que Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a través de un Auto Mixto N°2 de fecha 23 de agosto de 2021, decidió abrir causa criminal en contra de cuatro ciudadanos, vinculados al caso de la comida deshidratada.
Además se informó que este Juzgado, a cargo de la jueza Lorena Hernández Ceballos, dispuso sobreseer provisionalmente a cinco de los investigados, a quienes se le levantaron las medidas cautelares de reporte decretadas por el Ministerio Público. Sobre éstos la juez aclaró en su resolución que este sobreseimiento provisional no da tránsito a cosa juzgada, y que de existir nuevas pruebas, se podrá solicitar la reapertura del proceso contra los mismos.
"En esta misma resolución de 78 páginas, el Tribunal fijó la fecha de Audiencia Ordinaria para los días 4 y 5 de enero de 2022, a las 10:00 de la mañana; y como medida de prevención ante la inasistencia de alguna de las partes, se fijó como fecha alterna los días 31 de marzo y 1 de abril del mismo año y hora, así como la designación de tres Defensores Públicos", indica la información del örgano Judicial.
Se destaca que la decisión del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, que está siendo notificada a las partes, se da luego de que este tribunal se acogiera al término de Ley para calificar el sumario, tras la realización de la Audiencia Preliminar Alterna del pasado 22 al 25 de junio de 2021.
Esta causa penal consta de 20 Tomos, inició en el 2015, cuando la Fiscalía Primera Anticorrupción, procede a realizar diligencias investigativas a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, por supuestas irregularidades en la compra de alimentos deshidratados para las escuelas Oficiales de los Corregimientos de mayor índice de pobreza, realizadas inicialmente por el antiguo Fondo de Inversión Social (FIS), que luego cambió al también extinto PAN, en el periodo comprendido del 2009 al 2011.
Cabe señalar que junio de este año una juez de este Juzgado negó la prescripción y la Fiscalía Anticorrupción había solicitado el llamamiento a juicio.
Se presume que la lesión al Estado por este caso fue de B/. 32 millones.