La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) abrió una investigación de oficio para determinar si existe un posible conflicto de interés relacionado con el nombramiento de Sherina Latorraca, hija de la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), Zaira Santamaría de Latorraca, como directora de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
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ANTAI dice que no fue consultada
Vega informó que recibió una respuesta oficial de ANTAI en relación con la consulta realizada sobre el nombramiento. Según el diputado, la entidad confirmó que la magistrada presidenta no realizó una consulta a ANTAI sobre la contratación de su hija, pese a que Santamaría de Latorraca había manifestado ante la Comisión de Presupuesto que realizó consultas antes de que su hija aceptara el cargo.
La magistrada había defendido el nombramiento y sostuvo que no existía conflicto de interés. También explicó que su hija ocupa un puesto de asesoría jurídica y que no tiene firma ni participa directamente en las decisiones de la DGCP.
La respuesta de ANTAI, sin embargo, derivó en la apertura de una investigación para determinar si el caso podría representar una vulneración de las normas de ética pública y conflicto de intereses.
¿Por qué se cuestiona el nombramiento?
El cuestionamiento surge debido a que la DGCP y el TACP forman parte del sistema de contrataciones públicas, aunque cumplen funciones diferentes.
La DGCP regula, administra y fiscaliza procedimientos de contratación pública, mientras que el TACP conoce y resuelve determinadas controversias y recursos relacionados con esos procesos.
Sherina Latorraca ocupa desde abril de 2026 la Dirección de Asesoría Legal de la DGCP, mientras su madre preside el TACP.
Precisamente por la relación funcional entre ambas instituciones surgieron los cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.
Investigación continuará bajo ANTAI
Con la investigación de oficio, ANTAI deberá determinar si el nombramiento se ajusta a las normas aplicables a los servidores públicos y si existen elementos que configuren un conflicto de interés.
Por ahora, la apertura de una investigación no significa que ANTAI haya determinado que existió una infracción. El resultado dependerá de las actuaciones que adelante la entidad y de las conclusiones a las que llegue durante el proceso.
El diputado Jhonathan Vega afirmó que continuará dando seguimiento al caso y a los resultados de la investigación.