El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer y último debate el proyecto de Ley 278, que modifica el artículo 138-A del Código Penal de la República de Panamá, ampliando la protección del delito de violencia psicológica.
El artículo 138-A establece que quien incurra en violencia psicológica mediante amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso, o que obligue a una persona a hacer o dejar de hacer algo bajo exigencias de obediencia, sumisión, humillaciones, vejaciones, aislamiento u otras conductas similares, será sancionado con pena de prisión de cinco a ocho años.
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Con la modificación aprobada, la norma ya no se limita exclusivamente a la protección de las mujeres, sino que extiende el alcance legal a cualquier persona, sin distinción de edad o género.
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El diputado Luis Eduardo Camacho, proponente de la iniciativa, explicó que el objetivo es garantizar que el delito pueda ser perseguido penalmente cuando afecte a cualquier ciudadano.
“La conveniencia de este proyecto es que permite la persecución penal de un delito para cualquier persona, porque como estaba desarrollado el artículo original solo permitía que la acción penal se ejerciera cuando la víctima era una mujer”, indicó. “La conveniencia de este proyecto es que permite la persecución penal de un delito para cualquier persona, porque como estaba desarrollado el artículo original solo permitía que la acción penal se ejerciera cuando la víctima era una mujer”, indicó.
Sin eliminar protección
El diputado aclaró que la reforma no elimina ni reduce la protección existente para las mujeres, quienes continúan siendo consideradas posibles víctimas de este delito.
“Esto no afecta a las mujeres ni les quita derechos. Lo que hace es ampliar la protección al ser humano en su conjunto, incluyendo hombres, niños, adultos y adultos mayores”, añadió. “Esto no afecta a las mujeres ni les quita derechos. Lo que hace es ampliar la protección al ser humano en su conjunto, incluyendo hombres, niños, adultos y adultos mayores”, añadió.
La iniciativa ahora deberá cumplir con los procedimientos legales correspondientes para su sanción y promulgación.
