La ministra de Desarrollo Social (MIDES), María Inés Castillo, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados de Panamá, el cual permite reducir la carga de cuidados de las mujeres y las familias, a su vez garantizar el derecho a los cuidados de niñas, niños, las personas mayores y las personas con discapacidad que lo requieren.
El documento indica las obligaciones que tiene el Estado con respecto al Sistema Nacional de Cuidados, entre ellos: el desarrollo de servicios nuevos; la consolidación y ampliación de servicios ya existentes; regulación de los servicios, formación de los recursos en articulación con las universidades y los institutos de formación.
Según el Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024, existen evidencias claras de la condición de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en Panamá, como producto de los patrones derivados de la división sexual del trabajo.
Según el MIDES, las personas que se encuentran en situación de dependencia, considerando como tales a aquellas personas que requieran de apoyos y /o asistencia para desarrollar las actividades de la vida diaria:
- Niños, niñas y adolescentes.
- Personas mayores que requieran cuidados, apoyos y/o asistencia.
- Personas con discapacidad que requieran cuidados, apoyos y /o asistencia.
- Personas que se encuentran en una situación de dependencia transitoria.
La creación de un Sistema Nacional de Cuidados es una inversión que, además de asegurar el desarrollo de nuestros niños y niñas y el bienestar de las personas mayores y las personas con discapacidad, habrá de generar acceso a empleos de calidad; y al liberar tiempo de trabajo de cuidados de miles de mujeres, se posibilitan sus oportunidades de autonomía económica y la consiguiente generación de ingresos para mejorar el bienestar propio y de sus familias.
Otra de las obligaciones que tendría el Estado con respecto al Sistema es de impulsar medidas de regulación laboral tendientes a reconocer, valorizar y profesionalizar el trabajo de cuidados remunerados asegurando condiciones de trabajo decente y garantizando sus derechos a la representación en instancias de negociación colectiva.