Panamá Nacionales -  4 de febrero de 2026 - 11:19

Cancillería respalda fallo de la Corte sobre contrato con Panama Ports

La Cancillería de Panamá afirmó que el fallo de la Corte Suprema sobre el contrato con Panama Ports Company es una decisión soberana y no política.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC) corresponde al ejercicio legítimo de las facultades soberanas del Órgano Judicial.

La postura oficial surge luego de que la empresa anunciara el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá, tras el fallo judicial relacionado con la concesión portuaria.

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Decisión de la Corte es judicial, no política

La Cancillería destacó que el pronunciamiento del máximo tribunal del país fue adoptado tras el análisis de una controversia legal y no responde a motivaciones políticas ni geopolíticas.

Según el comunicado, la resolución forma parte del funcionamiento normal del sistema democrático y del respeto a la separación de poderes del Estado.

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Asimismo, la entidad hizo un llamado a los actores nacionales e internacionales a respetar la independencia del sistema judicial panameño.

“La decisión constituye el ejercicio legítimo de una facultad soberana del Órgano Judicial”, indicó la Cancillería, señalando además que este respeto es el mismo que se espera cuando empresas panameñas enfrentan procesos judiciales en otras jurisdicciones soberanas. “La decisión constituye el ejercicio legítimo de una facultad soberana del Órgano Judicial”, indicó la Cancillería, señalando además que este respeto es el mismo que se espera cuando empresas panameñas enfrentan procesos judiciales en otras jurisdicciones soberanas.

Neutralidad del Canal y defensa del interés público

El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que la neutralidad del Canal de Panamá es un principio fundamental protegido por el derecho internacional, el Tratado de Neutralidad y la Constitución Nacional.

En ese sentido, destacó que la protección de este principio incluye la defensa del interés público, la legalidad y la transparencia en la administración de activos estratégicos vinculados a la operación del Canal.

La Cancillería reiteró que cualquier controversia relacionada con concesiones o contratos debe resolverse dentro del marco legal correspondiente.

El pronunciamiento se produce en medio del proceso legal anunciado por Panama Ports Company, el cual abre un nuevo capítulo en la disputa entre la empresa concesionaria y el Estado panameño.