Luego de permanecer más de una década siendo buscados por la justicia, Rondey Rodríguez y William Pittí, vinculados al caso de los “pinchazos” telefónicos en Panamá, se entregaron a las autoridades la noche del jueves 26 de marzo de 2026.
Contenido relacionado: Incendio en Panamá Norte hoy: bomberos luchan contra fuego en depósito de Villa Grecia
Caso pinchazos: Condena y rol en el caso
Rodríguez y Pittí habían sido condenados a 50 meses de prisión por su participación en la operación de interceptación ilegal de comunicaciones.
Según las investigaciones, eran los encargados de manejar el equipo conocido como “Pegazo”, adquirido a una empresa de Israel, utilizado para realizar escuchas sin autorización judicial.
El caso de los pinchazos telefónicos
El escándalo de los “pinchazos” se remonta al periodo 2012-2014, cuando desde el Consejo de Seguridad Nacional se realizaron interceptaciones a:
- Opositores políticos
- Periodistas
- Activistas
Estas acciones se ejecutaron mediante equipos tecnológicos adquiridos con fondos públicos, en un caso que generó uno de los mayores procesos judiciales por violación a la privacidad en el país.
Estatus legal y antecedentes
Hasta mayo de 2025, ambos mantenían condición de prófugos, luego de que un tribunal les negara una solicitud de fianza de excarcelación, manteniéndose vigentes las órdenes de captura.
El proceso ha sido investigado por la Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción, que les atribuye delitos relacionados con peculado por la adquisición y uso de estos equipos.
En este mismo caso, ya habían sido condenados los exdirectores del Consejo de Seguridad:
- Gustavo Pérez
- Alejandro Garuz
Mientras que un expresidente de la República fue absuelto en 2021 en un proceso vinculado.
Un caso que marcó la política panameña
El caso de los pinchazos telefónicos se convirtió en un símbolo del uso indebido de recursos del Estado para vigilancia ilegal, tras revelarse la compra de equipos por más de 13.4 millones de dólares mediante el desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La entrega de Rodríguez y Pittí podría reactivar el interés público sobre uno de los expedientes más sensibles en materia de transparencia y justicia en Panamá.