Continúan surgiendo reacciones, cuestionamientos y críticas ante la extensión automática por 25 años más, del contrato entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports Company (PPC).
“El automáticismo de la concesión pareciera ser una cláusula abusiva porque hay que dimensionar que el bien es el Estado, cada vez que existe una concesión pareciera que hubieran regalado el bien, y este tipo de cláusulas negociadas bien o mal desafían la Constitución Política de la República porque estos bienes, según el Artículo 257 y 258 de la Constitución Política, no pueden ser objeto de apropiación privada.. con ese tema de renovación automática pareciera que el puerto lo hubiéramos perdido, que pertenece a otro y que la negociación es un intento desesperado de Panamá de recuperarlo, cómo Panamá va a recuperar algo que en esencia es suyo”, enfatizó el jurista en RPC Radio.
En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, indicó que este tipo de decisiones sin que se brinde a la población información más detallada, da lugar a que se genere una sensación de ausencia de transparencia.
“Una vez que el Estado o el Gobierno panameño ha decidido otorgar consentimiento para una prórroga la sensación generalizada de la población es que hay ausencia de explicaciones, es decir, momentos en donde las autoridades puedan transmitir las motivaciones y las respuestas concretas que de alguna manera la sociedad está pidiendo y exigiendo… nos deja una sociedad que clama porque las autoridades logren tener mayor conexión con las exigencias de transparencia, rendición de cuentas, en decisiones tan relevantes como este tipo de contratos”, expresó Araúz.
Por su parte, exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez, catalogó de irresponsable y antipatriótica esta decisión, de la cual espera en el futuro se puedan realizar las investigaciones que correspondan.
“Eso me parece la acción más antipatriótica e irresponsable por parte de funcionario público alguno, yo espero y confío que en un futuro cuando tengamos un sistema judicial eficiente, real y que haga valer la justicia, se pueda hacer un examen minucioso de ese contrato y de encontrar nosotros suficientes pruebas de que hubo negligencia por parte de los funcionarios públicos que lo aprobaron, sean llevados a los tribunales y enfrenten la justicia porque el daño no se lo están haciendo a unos cuantos, se lo están haciendo a todo el país”, expresó Domínguez.
Según informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la decisión de extender por 25 años más, del contrato entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports Company (PPC), se tomó luego de más de 20 días de sesión permanente para analizar el cumplimiento del contrato de concesión y posterior a las presentaciones de los informes de auditoría de cumplimiento por parte de la Contraloría General de la República de Panamá y la Dirección General de Puertos de Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, además de una revisión documental y análisis de las proyecciones de ingresos al Estado.
Aseguró que con las nuevas negociaciones se estiman ingresos al Estado superiores a los B/.800 millones durante los próximos 25 años, basados en las proyecciones de ingresos por tarifas (movimiento de contenedores, muellaje) y dividendos del contrato en mención.