La abogada panameña Suky Yard realizó un análisis crítico del Anteproyecto de Ley N.° 333, presentado por el diputado Jairo Salazar, que busca sancionar con pena de cárcel el fraude por paternidad en Panamá.
Yard reconoció que el problema existe y que se trata de una práctica que, aunque incómoda de admitir, se ha dado en el país durante años.
No obstante, la abogada discrepa de llevar este tipo de situaciones al ámbito penal, al considerar que el derecho penal debe ser la última instancia y reservarse para conductas de mayor gravedad social.
Fraude por paternidad: Abogada propone una solución desde el ámbito civil
Yard planteó que el caso del fraude por paternidad debería resolverse en la jurisdicción civil, permitiendo que el hombre que haya sido engañado pueda reclamar una indemnización económica como compensación por los daños sufridos.
Según explicó, este resarcimiento debería cubrir no solo el daño emocional, sino también todas las cuotas económicas que el afectado haya aportado en concepto de manutención, crianza o educación de un hijo que, posteriormente, se compruebe que no es biológicamente suyo.
Debate abierto en la Asamblea Nacional
El Anteproyecto de Ley N.° 333 ha reabierto el debate sobre los límites del derecho penal, la responsabilidad parental, el uso de pruebas científicas como el ADN y la protección de los derechos tanto de los menores como de los adultos involucrados.
La propuesta legislativa continúa en análisis, mientras sectores jurídicos y de la sociedad civil discuten si la vía penal es la más adecuada o si, como plantea Yard, una solución civil sería más proporcional y efectiva.
