La Caja de Seguro Social (CSS) destapó un esquema fraudulento que permitió la aprobación de al menos 52 pensiones irregulares, tras la alteración deliberada de registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales, con un impacto económico estimado superior a los B/.10 millones.
La entidad informó que ya presentó denuncias penales ante el Ministerio Público, luego de que investigaciones internas de la actual administración revelaran que entre B/.3 y B/.4 millones ya han sido desembolsados en concepto de pensiones obtenidas de manera ilegal.
Según explicó el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, los hallazgos no responden a simples errores administrativos, sino a un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado en colusión entre funcionarios de la institución y terceros.
CSS detecta red de jubilados falsos y fraude por más de B/.10 millones
El modus operandi consistía en la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluyendo la manipulación de datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos dentro del sistema.
La denuncia presentada ante la Fiscalía contempla posibles delitos contra el orden económico, la seguridad informática, peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, sin descartar otras tipificaciones penales que puedan surgir durante el proceso investigativo.
Como parte de las acciones solicitadas, la CSS pidió formalmente al Ministerio Público la realización de peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales y pasados, así como de terceros beneficiados, además de la adopción de medidas urgentes para preservar la evidencia digital y documental.
Señales de alerta ignoradas
La institución también reconoció que existieron alertas en administraciones anteriores sobre este tipo de irregularidades, las cuales no fueron atendidas con la debida rigurosidad, lo que permitió la continuidad de estas prácticas fraudulentas.
Finalmente, la Caja de Seguro Social reiteró su compromiso de fortalecer los controles internos y los sistemas tecnológicos, con el fin de evitar que este tipo de hechos vuelva a repetirse y garantizar la protección de los fondos de los asegurados.
