El Gobierno Nacional se pronunció este martes tras las aseveraciones hechas más temprano por el CEO de First Quantum, Tristan Pascall, de la que Minera Panamá es subsidiaria, indicando que éstas "no reflejan la realidad de la situación".
Un comunicado emitido por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI), asegura que en el debate hay más que “pocos” desacuerdos pendientes, al tiempo que señala varias propuestas presentadas por la empresa en las cuales Minera Panamá estaría obteniendo múltiples beneficios.
“Las partes discrepan en ciertos temas fundamentales como regalías, deducciones por agotamiento, medidas internacionales para mitigar la evasión de impuestos, ITBMS, alcance de las servidumbres, incumplimiento sustancial, terminación y otros. De hecho, las propuestas de contrato de Minera Panamá presentadas más recientemente han distanciado aún más a las dos partes”, detalla el Gobierno panameño.
Entre las propuestas presentadas por Minera Panamá, señala una mediante la cual se le ofrecen más beneficios a la empresa en escenarios favorables, cuando el precio del cobre es alto, y no solo protecciones en escenarios desfavorables, cuando el precio del cobre baja.
“Por ejemplo, la propuesta de Minera Panamá sobre el agotamiento disminuye la cantidad de años que pagará el ingreso mínimo garantizado y disminuye los beneficios económicos de Panamá en escenarios de alto precio del cobre y/o alta producción. Esto haría que el beneficio económico de Panamá fuera considerablemente inferior al de los países en situación comparable, y daría como resultado un beneficio económico asimétrico a Minera Panamá”, indica.
Agrega que Minera Panamá se resiste a aceptar los derechos de terminación usuales y busca un pago excesivamente alto por ciertos activos en caso de terminación, lo cual el Gobierno considera que es inconsistente con las buenas prácticas internacionales.
El CEO First Quantum expresó con relación al establecimiento de un plan de cuido y mantenimiento, que “sería un paso drástico y nos parece innecesario, especialmente dados los esfuerzos de ambas partes por lograr un acuerdo, no es una acción que debe ser tomada a la ligera, pudiese tener consecuencias serias y ciertamente para nuestra fuerza laboral, nuestros proveedores y comunidades locales".
Por su parte, el Gobierno de Panamá enfatiza que establecer este plan de cuido resulta necesario porque Minera Panamá ha continuado operando la mina Cobre Panamá sin un contrato, y el statu quo irregular no puede continuar indefinidamente.
“Las resoluciones emitidas por Panamá no son un “paso drástico e innecesario”, sino que constituyen el cumplimiento necesario y esperado del fallo de la Corte Suprema de Justicia, dado el fracaso de Minera Panamá en regularizar sus operaciones. Panamá tiene el deber de hacer cumplir sus leyes y su Constitución. Panamá confía en que los inversionistas internacionales busquen invertir en países que, como Panamá, respeten el estado de derecho”, remarca el Gobierno panameño.
La nota del MICI destacó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó en 2017 que el contrato anterior era inconstitucional y cuando esa sentencia entró en vigor, el contrato quedó anulado, por lo tanto, se requiere un nuevo contrato para regularizar las operaciones de Minera Panamá.
El Gobierno añade que los beneficios económicos propuestos por Panamá están en línea con los estándares internacionales y que las regalías previstas en la propuesta panameña son solo un componente de los beneficios económicos de Panamá; las mismas son nominalmente más altas porque los otros componentes del paquete de beneficios económico de Panamá, el cual incluye impuestos, son nominalmente más bajos.
“Los beneficios económicos de Panamá se reducen aún más cuando se aplica la propuesta de agotamiento de Minera Panamá. Por lo tanto, se debe comparar el paquete de beneficios económicos completo de Panamá, compuesto de regalías e impuestos y no solo un componente, al determinar si es cónsono con los estándares internacionales para contratos mineros”, puntutaliza el comunicado del MICI.
