En medio del análisis de un proyecto de ley que busca regular la institucionalización de la infancia en el país, ha salido a la luz una grave situación: menores de edad que se encuentran bajo la tutela del Estado en diversos albergues han denunciado presuntos actos de maltrato físico y psicológico dentro de estas instalaciones.
La denuncia tomó fuerza tras el desgarrador testimonio de Rosalía Hugson, una adulta mayor que relató cómo viven sus cinco nietos. Los menores fueron institucionalizados luego de perder a su madre, víctima de un femicidio. Según Hugson, los niños se han fugado en reiteradas ocasiones de los recintos debido a los constantes abusos; incluso, reveló que una de sus nietas se encuentra en estado de embarazo.
Durante su intervención, la abuela de los menores criticó duramente la gestión de los centros de protección y la falta de comunicación por parte de los encargados. Señaló que las autoridades no le notifican cuando los niños se escapan y cuestionó cómo el personal no se percata de las evasiones, evidenciando una preocupante ausencia de controles internos.
De acuerdo con el relato de la afectada, la última vez que sus nietos lograron huir y se contactaron con ella, manifestaron que no reciben una alimentación adecuada. Esta situación de vulnerabilidad contrasta con el panorama previo a su ingreso al sistema de albergues, ya que antes de ser institucionalizados, los menores contaban con excelentes promedios escolares.
Al ser cuestionadas sobre el embarazo de la menor de edad, las autoridades del albergue se limitaron a responder que la joven se había evadido del recinto y que, tras regresar de un viaje a la provincia de Bocas del Toro, ya se encontraba en estado de gestación, afirmó la adulta mayor.
Hudson indicó que el Estado evalúa actualmente la devolución de la custodia de sus cinco nietos, incluyendo a la adolescente embarazada. Sin embargo, la adulta mayor manifestó su profunda preocupación, ya que no cuenta con los recursos económicos ni las condiciones materiales para garantizar la manutención y el sustento de los cinco menores.
Ante la gravedad de los hechos, la ciudadana ha solicitado el apoyo inmediato de las autoridades competentes para elevar una denuncia formal. El objetivo es que se inicie una investigación exhaustiva que aclare la situación, determine responsabilidades y exija el estricto respeto a los derechos humanos de los menores afectados, quienes se encuentran bajo el resguardo y la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).