La empresa Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra la danesa Maersk, tras la toma de sus terminales portuarias en Panamá y la ruptura de un contrato de largo plazo entre ambas partes.
Según PPC, "Maersk socavó el contrato y se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y un esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios".
La Corte Suprema de Justicia anuló el pasado 30 de enero la concesión a PPC, lo que dio paso a que el Estado asumiera el control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico). En ese contexto, el pasado 23 de febrero la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entregó la operación transitoria, por hasta 18 meses, del puerto de Balboa a APM Terminals, filial de Maersk, y la del puerto de Cristóbal a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC).
La compañía sostiene que ese mismo 23 de febrero fue expulsada de sus operaciones mediante "medidas ejecutivas extremas", tras lo cual se tomó la concesión de la terminal de Balboa y se adjudicó a un operador vinculado a Maersk que habría utilizado instalaciones operativas e información de PPC.
El fallo inapelable contra la concesión a PPC, otorgada en 1997 y renovada en 2021, llegó después de años de denuncias contra ese contrato por presunta lesión al Estado, muchas de ellas formalizadas ante los organismos correspondientes pero que no prosperaron, lo que dio paso a acusaciones de corrupción.
El arbitraje se realizará en Londres y, de acuerdo con la empresa, es independiente de otras acciones legales emprendidas contra el Estado panameño, al que acusa de incurrir en una conducta "anti-contrato y anti-inversionista".
"PPC perseguirá enérgicamente sus reclamaciones en el arbitraje contra Maersk y sus reclamaciones contra Panamá, así como otros derechos y remedios", puntualizó la misiva. PPC y CK Hutchison anunciaron recientemente que ampliaron sus reclamaciones en el arbitraje internacional contra el Estado panameño hasta superar los 2,000 millones de dólares.
FUENTE: EFE