Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra varios artículos de la ley que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021.
“Básicamente el cuestionamiento que se hace en la demanda es que las asignaciones que hace el Ministerio de Economía y Finanzas no atienden a un principio de separación de poderes y que estas asignaciones estarían afectando el funcionamiento de la justicia en donde más de 157 tribunales de justicia a lo largo de los últimos años no han sido puestos en funcionamiento debido a justamente la falta de presupuesto”, manifestó Araúz.
Añadió que esta demanda de inconstitucionalidad representa una oportunidad para que la justicia reclame su propia independencia y obviamente garantice la eficiencia en su funcionamiento.
“El presupuesto de la justicia representa la oportunidad de corregir el funcionamiento de la justicia y por eso creemos que estamos gravitando en un círculo vicioso en donde permanentemente las críticas a la justicia giran en torno a lo mismo y no enfocamos una hoja de ruta en donde iniciar un recorrido que permita que la justicia salga adelante. Nosotros creemos que ese inicio o punto de partida es hablar de la autonomía financiera tal cual como ya lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde la autonomía financiera de los poderes judiciales constituye un elemento esencial de la independencia judicial”, puntualizó.
Por su parte, Carlos Lee, indicó que según los establecido en el Artículo 214 de la Constitución Política de Panamá, quien sabe cuánto presupuesto se necesita son los operarios de la administración de justicia, por lo que son ellos quienes deben definir el presupuesto y remitirlo al Ejecutivo para que se incluya en el Presupuesto General del Estado.
"Eso no es lo que se hace, lo que se hace es que los administradores de justicia presentan un presupuesto según sus necesidades y el Ejecutivo Sugiere cuánto le va a designar, eso es abiertamente contrario a lo que establece el Artículo 214 y es lo que queremos que prevalezca toda vez que administrar justicia se requiere de la autonomía financiera, de no tener una autonomía financiera estamos politizando la administración de justicia y a eso es lo que debemos oponernos, que la administración de justicia tenga que negociar con el ejecutivo los fondos necesario para administrar justicia", detalló Lee.
Cabe mencionar que el proyecto de Ley 362 que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, por un monto de B/.24,192.4 millones, fue aprobado en octubre de 2020 por la Asamblea Nacional.