El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió un mensaje a la nación luego de que se publicara en Gaceta Oficial el fallo que declaró inconstitucional el contrato ley de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Según indicó, la Autoridad Marítima de Panamá asumió la posesión de las instalaciones en representación del Estado panameño, propietario de ambos puertos, debido a que se trata de una actividad estratégica para la economía nacional y el comercio mundial.
Operadores temporales para mantener funcionamiento de los puertos
Mulino anunció que dos de las mayores navieras del mundo asumirán de manera temporal la operación de los puertos mientras se define el proceso de nuevas concesiones.
Para el puerto de Balboa operará APM Terminals, empresa subsidiaria del grupo Maersk.
Mientras que en el puerto de Cristóbal estará a cargo TIL Panamá, vinculada a la naviera Mediterranean Shipping Company.
El presidente señaló que esta decisión representa una muestra de confianza internacional en Panamá y busca garantizar la estabilidad de la actividad portuaria del país.
Presidente Mulino garantiza más de 7 mil empleos
Durante su mensaje, el jefe de Estado aseguró que más de 7,000 trabajadores portuarios mantendrán sus puestos de trabajo, al igual que los proveedores que brindan servicios en estas terminales.
También destacó que el Consejo de Gabinete aprobó las contrataciones y que posteriormente se firmaron los contratos correspondientes, los cuales deberán ser refrendados por la Contraloría General de la República.
Nueva etapa: concesiones portuarias abiertas y competitivas
El mandatario adelantó que el país iniciará una nueva etapa que incluirá un proceso abierto y competitivo para otorgar nuevas concesiones portuarias, una para cada puerto.
Mulino enfatizó que este proceso se realizará con transparencia, estabilidad jurídica y con el objetivo de garantizar mayores beneficios para Panamá.
Además, reiteró que las decisiones adoptadas buscan proteger el patrimonio nacional y evitar situaciones que puedan afectar la economía o la imagen del país a nivel internacional.