El Ministerio de Ambiente de Panamá(MiAmbiente) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, se encuentran impulsando un “ Proyecto Biorural ”, a través del cual se tiene como objetivo proteger el Corredor Biológico Mesoamericano.
MiAmbiente explica que se trata de una iniciativa para el desarrollo rural sostenible y conservación de la biodiversidad, con lo cual se busca mejorar la gestión de 12 áreas protegidas de Panamá ubicadas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste y en las comarcas: Naso TjerDi, Ngäbe y Buglé, Guna Yala; y el Territorio Bribri.
Asimismo se busca mejorar la gobernanza de 5 áreas clave de las biodiversidades ubicadas en el Corredor Biológico Mesoamericano, al tiempo que se promoverá los eco-negocios con organizaciones de productores como ganadería amigable, agroforestería, agricultura orgánica y sistemas silvopastoriles.
Cabe mencionar que Panamá es el tramo más angosto del Corredor Biológico Mesoamericano, uno de los más importantes en el mundo y cuya finalidad es mantener la interacción extraterritorial de las especies.
“Los objetivos y actividades desarrolladas durante el proyecto contribuirán directamente con la recuperación económica en las zonas rurales donde habita la población campesina y áreas indígenas afectadas significativamente por la pandemia por COVID-19”, detalló José Victoria, director de Áreas Protegidas y Biodiversidad del MiAmbiente.
Además Yiris Rovira, técnica encargada del proyecto, resaltó que el “Proyecto Biorural” contribuirá a los esfuerzos que lleva adelante MiAmbiente, generando y compartiendo conocimientos sobre la biodiversidad, y apoyando la integración de la biodiversidad con acciones en los ambientes terrestres y acuáticos para la protección de los hábitats y las especies y mejorar la sostenibilidad financiera, la gestión eficaz y la protección de los ecosistemas, algunos de los cuales son áreas protegidas reconocidas como patrimonio mundial.
“El diseño del proyecto se ha realizado con los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial, enfocados en gestionar los riesgos de los proyectos, para abordar los problemas ambientales y sociales en su diseño, implementación y operación, mientras se asegura un marco para la consulta con las comunidades y para la divulgación pública”, explicó Rivira.