Abogados y residentes de la comunidad de San Diego, en el corregimiento de Las Garzas, han presentado ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías constitucionales contra un estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), relacionado con la construcción de un cementerio privado en la zona.
También señalan que se incumple la normativa que establece una distancia mínima de tres hectáreas entre cementerios y áreas urbanas.
La comunidad exige que se revisen los procedimientos seguidos para la aprobación del estudio ambiental y se garantice el respeto a las normativas vigentes, tanto ambientales como constitucionales.