HONOLULU, Hawai, EU (AP). Las leyes en todos los estados norteamericanos salvo algunos permiten que el público tenga acceso al correo electrónico gubernamental. ¿Pero qué pasa si esos mensajes fueron borrados intencional o rutinariamente?
En Hawai, la oficina de la gobernadora Linda Lingle permitió que los mensajes electrónicos de su principal asistente fuesen borrados. En Carolina del Norte, la administración del gobernador Mike Easley presuntamente ordenó a empleados del estado que eliminaran la correspondencia electrónica con su oficina. Y en Misurí, una demanda dice que la oficina del gobernador Matt Blunt borró mensajes electrónicos y ordenó la destrucción de cintas con copias de los mensajes.
Esos y otros casos causan preocupación de que millones de documentos públicos en forma de mensajes electrónicos pudieran estar desapareciendo antes de que alguien fuera del gobierno tenga oportunidad de leerlos.
Algunos expertos dicen que el incorporar sistemas de archivo de mensajes electrónicos y un mejor entrenamiento para los empleados estatales ayudarán a asegurar que no se pierdan esos mensajes.
"No estamos diciendo que los estados estén tratando de hacer algo malo", dijo Kevin Joerling, experto en administración de registros. "Pero ellos no entienden lo importantes que pueden ser los registros de mensajes electrónicos, los cuales tienen que ser protegidos".
Un sondeo en 50 estados efectuado por The Associated Press este año encontró una variedad de leyes y prácticas, en las que la vasta mayoría de los estados tratan los mensajes electrónicos como documentos impresos. Pero muchos de los estados con leyes al respecto permiten a las autoridades elegir cuáles mensajes electrónicos entregan en pedidos bajo la Ley de Libertad de Información y decidir por cuenta propia cuándo son borrados los mensajes.
En Hawai, un caso reciente de chantaje que incluyó acusaciones contra el ex jefe del equipo de la gobernadora Lingle, Bob Awana, se apoyó en mensajes electrónicos.
El chantajista, el ciudadano indio Rajdatta Patkar, fue sentenciado en octubre a un año de cárcel por exigirle a Awana 35,000 dólares en un correo electrónico. De acuerdo con la abogada de Patkar, Pamela Byrne, su cliente había descubierto mensajes electrónicos que mostraban que dos mujeres sirvieron como acompañantes para Awana y un empresario hawaiano en un viaje oficial de Lingle a Filipinas.
Awana renunció tras el arresto de Patkar y no dijo nada en torno al caso, pero Lingle ha rechazado que su ex jefe de equipo haya hecho nada malo durante sus horas de trabajo.