La Promotora El Tecal, S.A., propietaria y arrendadora del inmueble donde funciona la sede principal de la Defensoría del Pueblo, rechazó los señalamientos sobre un supuesto consumo irregular de agua y electricidad. El pronunciamiento surge tras una demanda civil presentada por residentes del PH Los Toneles, ubicado en Vía España.
¿Qué respondió la promotora del PH Los Toneles?
La empresa negó las acusaciones que atribuyen a la Defensoría del Pueblo una supuesta apropiación irregular de los servicios de agua y energía eléctrica.
Promotora El Tecal sostuvo que las instalaciones ocupadas por la institución cuentan con medidores independientes para ambos servicios y rechazó las afirmaciones que señalan que la entidad habría utilizado agua o electricidad de manera ilegal.
La empresa defendió las condiciones bajo las cuales opera la Defensoría del Pueblo como arrendataria del inmueble.
¿Qué denuncian los residentes del PH Los Toneles?
Los residentes presentaron una demanda civil relacionada con presuntas irregularidades en el suministro y la facturación de servicios públicos, además de otros reclamos vinculados con el inmueble.
Según los propietarios, anteriormente llegaron a pagar hasta B/.1,000 por el servicio de agua, mientras que, después de corregirse la situación que cuestionaban, las facturas disminuyeron a aproximadamente B/.25 mensuales.
Los residentes también han planteado dudas sobre el suministro de electricidad, aunque corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y establecer las posibles responsabilidades.
Defensoría del Pueblo también rechaza los señalamientos
La Defensoría del Pueblo aclaró que ocupa las instalaciones del PH Los Toneles desde enero de 2022, por lo que rechazó versiones que indicaban que llevaba 15 años funcionando en el edificio.
La institución explicó que su contrato de arrendamiento establece que el propietario del inmueble debe asumir los gastos correspondientes al agua.
Respecto a la electricidad, aseguró que mantiene contratos de suministro y que realiza los pagos mensualmente.
La Defensoría reiteró que la controversia judicial corresponde a diferencias entre la administración del inmueble y la promotora, y rechazó cualquier señalamiento que le atribuya una apropiación ilegal de servicios públicos.
El conflicto continúa sujeto a las actuaciones de las instancias competentes.
