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Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 17:40

Defensoría del Pueblo aclara polémica por servicios de agua y electricidad en su sede

La Defensoría del Pueblo rechazó señalamientos sobre una presunta apropiación irregular de servicios públicos.

Por Ana Canto

La Defensoría del Pueblo de Panamá rechazó cualquier señalamiento sobre el pago de los servicios de agua y energía eléctrica en el PH Los Toneles, inmueble donde funciona su sede principal.

La institución emitió un comunicado este 7 de octubre luego de publicaciones relacionadas con el suministro de ambos servicios en el edificio. Entre sus aclaraciones, señaló que ocupa estas instalaciones desde enero de 2022 y no desde hace 15 años.

¿Quién debe pagar el servicio de agua, según la Defensoría?

La Defensoría explicó que mantiene una relación como arrendataria del inmueble y aseguró que el contrato establece las obligaciones correspondientes a la Promotora El Tecal, S.A.

La institución citó específicamente la cláusula sexta, numeral 2, del contrato:

“EL ARRENDADOR se compromete en tener al día el pago de los impuestos de inmuebles del bien arrendado y los gastos en concepto de agua”.

Sobre la controversia judicial mencionada en las publicaciones, la entidad sostuvo que esta corresponde a diferencias entre la administración del inmueble y la Promotora El Tecal, S.A., y no a un proceso contra la Defensoría del Pueblo. Añadió que esta situación deberá ser esclarecida por las instancias correspondientes dentro del respectivo proceso legal.

Defensoría asegura que paga mensualmente el servicio eléctrico

En cuanto al suministro de energía eléctrica, la Defensoría afirmó que cuenta con los respectivos contratos y que estos son pagados mensualmente.

La institución también reconoció las inquietudes expresadas por residentes y por la Junta Directiva del PH Los Toneles y manifestó su disposición a escucharlos dentro de las competencias establecidas por la ley.

“Reiteramos que la Defensoría del Pueblo, en su condición de arrendataria, rechaza cualquier interpretación que pretenda atribuirle una conducta irregular o la apropiación ilegal de servicios públicos”, señaló la entidad.

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