BRUSELAS ( AFP ) El impuesto a las transacciones financieras que once países europeos prometieron instaurar sería ilegal por ser discriminatorio, según un documento interno del Consejo Europeo que se filtró este martes a la prensa.
La propuesta de la Comisión Europea a once países de la Unión Europea prevé aplicar un gravamen de 0,1% a las acciones y obligaciones y de 0,01% a los productos derivados, con las que se podrían recolectar unos 35.000 millones de euros por año, según la Comisión.
El proyecto de la Comisión prevé que el impuesto se perciba si una de las partes está domiciliada en uno de los once países participantes.
Pero según este documento del servicio jurídico del Consejo Europeo, el órgano que representa a los Estados, esta disposición llevaría de manera injustificada a los países participantes "a ejercer su jurisdicción en entidades situadas fuera de la zona" donde se aplica la la legislación.
Además plantearía un problema a los Estados de la UE que no forman parte de la zona cubierta por esta ley, como Gran Bretaña, una de las principales plazas financieras del mundo.
Por ejemplo para una transacción entre una institución con sede en Francia y otra con sede en Gran Bretaña, Francia gravaría a la vez al establecimiento francés y al establecimiento británico.
Esta situación sería "discriminatoria" y podría causar "una distorsión de los movimientos de capitales", según el documento.
El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, afirmó en Twitter que este impuesto "es legalmente sólido y respeta los Tratados europeos y la legislación fiscal internacional".
La Comisión "está en claro desacuerdo" con el análisis del Consejo y "llevó a cabo un análisis muy detallado antes de presentar su propuesta", insistió la portavoz de Semeta, Emer Traynor, respondiendo a la AFP.
Los 11 países dispuestos a participar en este proyecto, en punto muerto desde hace meses, son Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Eslovenia, Austria, Grecia, Italia, España, Eslovaquia y Estonia.
Gran Bretaña presentó por su parte un recurso de amparo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque teme que su aplicación afecte a las empresas británicas y al sector financiero de Londres.
FUENTE: Agencia AFP