MEXICO (AFP). En vísperas de año electoral en 2009 para renovar la Cámara de Diputados y en medio de una creciente violencia, una polémica sobre la pena de muerte para secuestradores se abre paso en México como un tema de confrontación entre los tres principales partidos políticos.
La mecha se encendió cuando el Parlamento del estado de Coahuila (norte) acordó esta semana solicitar al Congreso federal una modificación a la Constitución Mexicana para aprobar la pena de muerte, abolida en el país en 2004, aunque la última vez que se aplicó fue en 1961.
"El clamor generalizado de la gente es muy claro, es muy clara la posición de la sociedad mexicana que está agraviada y lastimada de la manera cómo ha crecido la delincuencia", indicó el miércoles César Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Cámara de Diputados.
Según una encuesta nacional publicada recientemente, el 74,8% de los mexicanos está a favor de la pena de muerte para delincuentes que incurran en delitos graves.
Lo que parecía un asunto menor y local de Coahuila, estado con un gobierno del PRI (gobernó el país 1929 a 2000) tomó fuerza cuando sus líderes en las Cámaras de Diputados y Senadores a nivel federal se declararon listos para impulsar un debate nacional sobre la pena capital.
Varios gobernadores del PRI se manifestaron en cadena a favor de la pena de muerte, después de que su colega de Coahuila, Humberto Moreira, también de ese partido, expresó que su única duda "es cómo los vamos a matar, si los vamos a fusilar, si los vamos a degollar, si lo vamos a ahorcar o algo 'light', que puede ser la inyección letal".
El PRI, con una presencia del 25% en la Cámara de Diputados y que sufrió un fuerte golpe en 2000 al perder la presidencia que ocupó por 71 años, en este 2008 se reagrupó ganando casi todos los procesos electorales en estados y municipios y se apresta para dar seria batalla en julio de 2009, cuando cambiarán los 500 diputados federales.
La iniciativa priísta tomó por sorpresa a los legisladores del gobernante Partido Acción Nacional (PAN, conservador, primera fuerza), así como al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, segunda fuerza) ya que México ha firmado todos los tratados internacionales contra la pena de muerte.
El presidente del Senado, Gustavo Madero, del PAN, advirtió que esta medida está por encima de la Constitución federal, la calificó de "disonante" y "regresiva" y dijo que el gobernador de Coahuila podría ser sometido a juicio político por pasar por encima de la ley.
"No creo que ninguno de quienes tengamos funciones públicas en el Estado mexicano lleguemos a los extremos de empezar a discutir si la muerte es por uno o por otro conducto", consideró por su parte Carlos Navarrete, líder de la bancada del PRD en el Senado federal.
El presidente del PRD, Jesús Ortega, sustuvo de su lado, que la propuesta priísta es opotunista y demagógica.
Entre el PAN y el PRD cuentan con 60% de los asientos en la cámara de Diputados, por lo que el PRI difícilmente podría sacar la reforma pese a que cuenta con el apoyo del Partido Verde Ecologista, que desde hace meses ha desplegado una campaña a favor de la pena de muerte.
En medio de un clima de inseguridad en el país, la medida parece tener consenso social e incluso varios obispos han manifestado que en algunos casos la iglesia católica acepta la pena de muerte.
En cambio, Amnistía Internacional expresó en un comunicado su preocupación de que "partidos políticos como representantes de gobierno, utilicen el tema de la seguridad pública de manera irresponsable sugiriendo que la reimposición de la pena de muerte significará una respuesta efectiva frente a la delincuencia".
La creciente ola de secuestros desatada con más de 964 plagios en lo que va del año y la guerra entre cárteles de la droga que azota al país con unos 5,000 muertos en el mismo periodo, ha generado una percepción de inseguridad entre los mexicanos que podría tener fuerte influencia en las elecciones de 2009.
FUENTE: Agencia AFP