Un nuevo foco de tensión se ha generado entre la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República. Los diputados de la bancada independiente Vamos denunciaron que la entidad fiscalizadora cambió, de forma "unilateral", el estatus laboral de 39 funcionarios, quienes fueron colocados en licencia sin sueldo sin haberlo solicitado.
“La preocupación aumenta al observar que entre los afectados hay funcionarios vinculados a despachos que han tomado posiciones críticas frente a las decisiones del Contralor, incluyendo la firma de una demanda de inconstitucionalidad y pronunciamientos públicos ante actuaciones recientes. Todo esto ocurre en medio del debate en el Pleno sobre la ley de bioetanol, tema sobre el cual se han señalado posibles intereses del propio contralor”, señaló la coalición en un comunicado.
Por su parte, la Contraloría General de la República rechazó que la suspensión de pagos sea una forma de "extorsión" o que existan motivaciones políticas tras la decisión.
La entidad señala que la suspensión responde a la necesidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones de registro de asistencia y puntualidad, lo cual, según, no se ha cumplido en determinados casos.
a la necesidad de validar el cumplimiento de disposiciones vigentes relacionadas con el registro de asistencia y puntualidad de funcionarios, y que ha podido verificar que dicha disposición no se ha cumplido en determinados casos.
La institución enfatizó que no tiene intención de interferir en el funcionamiento de la Asamblea ni en el debate de proyectos de ley.
Recalcaron que vincular estos procesos administrativos con discusiones legislativas "carece de sustento" y que su deber es garantizar el uso correcto de los recursos del Estado.