SAN SALVADOR (AFP). El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, verifica este jueves en El Salvador el avance de una tregua sin precedentes entre pandillas, que redujo los crímenes aunque su real efectividad aún deja dudas.
Invitado por el vicario castrense Fabio Colindres, facilitador del pacto, Insulza dará continuidad a la visita que en mayo realizó el subsecretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, quien confirmó que esa organización realiza un "acompañamiento y observación" del proceso.
Insulza, quien apenas llegó se encontró con el canciller Hugo Martínez, visitará el penal La Esperanza, en la periferia norte de San Salvador, donde se reunirá con líderes de las temidas bandas, y en la tarde de este jueves con el presidente Mauricio Funes.
El viernes, cuando concluye su visita, el jefe de la OEA participará en el denominado "Acto humanitario por la paz y el cese de la violencia en El Salvador", en una céntrica plaza capitalina, acompañado de Colindres y del otro mediador del pacto, el antiguo comandante guerrillero y ex diputado Raúl Mijango.
Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Mara 18 (M-18), que han sembrado el terror en El Salvador, Guatemala y Honduras, vinculadas con narcotraficantes, dispusieron en marzo una tregua que, según datos oficiales, ayudó a bajar de 14 a 5,6 el promedio diario de homicidios.
Al inicio, Funes negó que su gobierno haya negociado con las pandillas, pero reconoció que permitió el traslado de los cabecillas de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a otros penales para que ordenaran a las "clicas" (células) y se frenara la violencia.
La directora del Instituto de Opinión de la Universidad Centroamericana (UCA), Jannet Aguilar, opina que la reducción del número de homicidios no debe ser el "indicador más confiable para evaluar la efectividad o la eventual sostenibilidad de la tregua", porque las denuncias de desaparecidos aumentan.
Aguilar lamentó además que el gobierno "no ha dado muestras claras" de estar "comprometido con un enfoque que "privilegie la prevención" de las pandillas y criminalidad en general, sino que más bien "profundiza" enfoques represivos.
Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano, al bajar los homicidios El Salvador salió del grupo de países más violentos del mundo -en el que están Honduras y Guatemala-, pero advirtió que el desafío es el "mantenimiento" de la tregua y "evitar que más jóvenes se sumen a las pandillas".
Según Medrano, el Estado debe "quitarles" a las pandillas los "territorios que controlan", con proyectos de prevención que, por requerir una "millonaria inversión", deben tener la colaboración de diversos sectores del país y la comunidad internacional.
Funes inició una serie de encuentros con empresarios, iglesias, académicos y y otros sectores para alcanzar "un gran acuerdo nacional" que ayude a generar oportunidades de empleo, a fin de reducir la violencia que afecta al 38% de los 6,1 millones de habitantes.
A pesar de que en el marco de la tregua las pandillas decidieron en mayo el cese del reclutamiento forzoso de jóvenes y declararon además los disputados centros escolares como "zonas de paz", los crímenes y desaparición de estudiantes han continuado, según organismos sociales y de derechos humanos.
Mijango precisó a la AFP que en los primeros 123 días de tregua se evitaron 1.077 muertes y una "reducción significativa" de las extorsiones que las maras cometen contra particulares, comerciantes, transportistas y otros sectores productivos.
Los "enemigos" de la tregua, para Mijango, son "grupos de extermino" que están matando pandilleros y el "escepticismo" de la sociedad, sobre la solución del problema.
En el hacinado sistema penitenciario salvadoreño con capacidad para 8.100 internos, hay 26.195 presos, 9.627 de estos pandilleros, según cifras del ministerio de Seguridad. Pero en las calles permanecen otros 50.000 pandilleros.
