CARACAS Internacionales -  26 de marzo 2014 - 14:49hs

Diputada destituida vuelve a Caracas en plena ofensiva judicial chavista contra oposición

La diputada venezolana María Corina Machado, suspendida de su cargo por la Asamblea Nacional tras participar como "representante alterna" de Panamá en la OEA, regresa este miércoles a Caracas en plena ofensiva judicial del chavismo contra la oposición.

Machado, una ingeniera de 46 años que en las legislativas de 2010 fue una de las diputadas más votadas, regresa en vuelo de Lima y convocó por la tarde a sus simpatizantes en una plaza del este de Caracas para responder al Legislativo, que primero la acusó de la violencia política del último mes y medio en Venezuela y luego la destituyó de su cargo.

"Ira desatada de régimen que se sabe perdido, lleva a cometer graves errores.Cada nuevo atropello confirma al mundo que en Venezuela hay dictadura", escribió en twitter la diputada, que según el presidente del Legislativo y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, perdió su inmunidad parlamentaria y podría ser detenida por la Justicia.

"No tenemos información de alguna orden de detención contra la diputada", informó a la AFP uno de sus abogados, José Amalio Graterol.

La comparecencia tendrá lugar en la Plaza Brión, escenario hace más de un mes del multitudinario acto de entrega a la Justicia de Leopoldo López, máximo exponente de la oposición radical a la que el chavismo acusa de fomentar la violencia en las protestas que vive el país desde el 4 de febrero, con un saldo de al menos 34 muertos y más de 400 detenidos.

López, un joven economista educado en Harvard que ahora pasa sus días en una pequeña celda de una cárcel militar a las afueras de Caracas, y Machado son los principales impulsores de "La salida", la táctica que promueve forzar la partida "constitucional" del joven gobierno de Nicolás Maduro a base de protestas callejeras contra la inseguridad y las galopantes inflación y escasez en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Iniciadas por estudiantes en San Cristóbal (oeste) el 4 de febrero y extendidas a todo el país sembrando el caos y la violencia en varios puntos, las protestas han ido perdiendo intensidad en las últimas semanas, aunque todavía quedan algunos focos con esporádicos episodios de violencia que aumentan el número de fallecidos.

Maduro considera que las protestas son un "Golpe de Estado en desarrollo" orquestado por la oposición en alianza con la ultraderecha de Estados Unidos y Colombia, una acusación que ha reiterado varias veces en sus casi doce meses de gobierno.

Conocido por su talante conciliador cuando era canciller durante el gobierno del fallecido líder Hugo Chávez, Maduro ha respondido por una parte con firmeza a las protestas: López y dos alcaldes presos, decenas de estudiantes detenidos y 60 investigaciones por abusos policiales.

El martes anunció la detención de tres generales de la Fuerza Aérea que según dijo pretendían "alzarse contra el gobierno legítimamente constituido" y los acusó de tener vínculos con la oposición, aunque no reveló ni sus identidades ni el rango que ostentan.

Pero por otra parte, el mandatario lleva semanas instando a estudiantes y dirigentes opositores a que se sumen "a la conferencia nacional de paz" entablada con varios sectores de la sociedad.

Pero estudiantes y la gran mayoría de opositores se niegan a acudir hasta que, entre otras cosas, el gobierno libere a los detenidos.

Tras rechazar la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que acusa de estar en la órbita Estados Unidos, el mandatario recibió el martes en Caracas a una delegación de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que tiene previsto reunirse hasta la tarde de este miércoles con chavistas, estudiantes y opositores para "acompañar el diálogo".

Pero nada parece indicar que la conciliación sea posible por ahora en este país extremamente polarizado entre partidarios del chavismo, concentrados sobre todo en las clases populares, y sus detractores, con más peso entre la clase media y alta.

"El presidente convoca al diálogo y al mismo tiempo hostiga a sus adversarios, eso no es un llamado genuino al diálogo, no hay las condiciones para hacerlo", dijo a la AFP la politóloga Carmen Beatriz Fernández.