Líderes y miembros de comunidades indígenas amazónicas comenzaron a ser juzgados este miércoles por un tribunal de una región selvática del noreste peruano por la muerte de 18 policías y civiles durante un grave conflicto por la defensa de sus territorios.
El histórico juicio en la ciudad de Bagua, en la región Amazonas (noreste) puso en el banquillo a 23 indígenas de un total de 53 acusados por los violentos enfrentamientos ocurridos el 5 de junio de 2009.
Ese día los indígenas cortaron el paso de una carretera que ingresa en el Amazonas peruano para oponerse a una serie de decretos del segundo gobierno de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que abrían el camino a proyectos de explotación y extracción de recursos en sus territorios.
Las comunidades se levantaron para exigir la derogatoria de esos decretos, que no habían sido consultados y que finalmente no se aplicaron tras el grave conflicto.
Los indígenas afirman que los enfrentamientos se desataron por la agresión y violencia de la policía contra los manifestantes que ocupaban la ruta.
El proceso es considerado un símbolo en la lucha de las comunidades indígenas amazónicas contra el Estado peruano por la defensa de sus territorios y recursos naturales.
La fiscalía ha pedido condenas de entre 6 años y cadena perpetua para los acusados por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, rebelión, sedición y motín.
Entre los procesados se encuentran indígenas de las etnias awajún-wampis, que habitan esa región a unos 1.000 kilómetros al nororiente de Lima.
Los líderes Alberto Pizango de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) y el apu (líder indígena) Santiago Manuin, uno de los primeros en caer herido en los enfrentamientos, enfrentan penas de entre 35 años y cadena perpetua si son declarados culpables.
"Respetaré la decisión que tome el poder judicial porque este es un hecho histórico para los pueblos indígenas. Las protestas de los pueblos han sido justas", dijo Pizango en la página web de Aidesep antes de iniciar el juicio.
"Vamos a salir de estas acusaciones. Deben estar conscientes que no hemos cometido un delito, quizás el único delito que hemos cometido es el de llevar la voz de los pueblos. Por eso pido a los jueces nos escuchen y tomen la decisión de absolvernos", indicó Pizango, que estuvo asilado por once meses en Nicaragua tras los enfrentamientos.
Los indígenas amazónicos se presentaron con sus vestimentas típicas ante el tribunal para escuchar las acusaciones fiscales, según mostraron canales de televisión locales.
La presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, dijo a la AFP el lunes que este es "un juicio histórico" porque están enjuiciando a muchos dirigentes indígenas que buscaban defender sus derechos. "Es una situación muy delicada", admitió.
"Estamos tratando de ver que todas las personas estén cubiertas legalmente y que se realice un debido proceso", señaló Silva, que participaba este martes de la audiencia judicial en Bagua.
Varios enfrentamientos durante el denominado 'Baguazo', dejaron un total de 33 muertos (23 policías y 10 civiles).
El juicio que se inició este miércoles comprende uno de los choques entre manifestantes y policías, ocurrido en la llamada "Curva del Diablo" de la carretera que conduce hacia la provincia amazónica de Bagua.
En ese episodio se produjo la desaparición de un oficial de policía, cuyo padre acusa a las autoridades del gobierno de entonces de ser responsables de lo ocurrido, por haber ordenado a la policía despejar la ruta sin un plan de operaciones adecuado.
"Se debe pagar por estos hechos graves (...) Que realmente los responsables sean sancionados", pidió Felipe Bazán, padre del policía del mismo nombre, en diálogo con el Canal N.
La fiscalía no ha imputado en el proceso a ninguna autoridad policial ni a responsables de seguridad del entonces gobierno de García.
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