La ministra uruguaya de Educación, María Julia Muñoz, dijo hoy que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los docentes respecto a las paralizaciones que vienen realizándose desde hace dos semanas y evitó "hablar de sanciones" pese al decreto de esencialidad, que impide la huelga en el sector.
"Este es un desencuentro como habrá tantos en la medida de la aprobación del presupuesto. De todos los desencuentros, después surgen encuentros donde la gente sigue trabajando junta por un país mejor. Siempre estuvimos dispuestos a dialogar. No vamos a hablar de sanciones, estamos dispuestos a dialogar", declaró.
Muñoz habló con la prensa tras participar en una ceremonia por los 200 años de la Biblioteca Nacional de Uruguay, en cuya entrada fue sorprendida por integrantes de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), que también se adhirió a la huelga en la educación.
Funcionarios, docentes y estudiantes empezaron a movilizarse a mediados de este mes a través de ocupaciones y paros para pedir que el presupuesto quinquenal que el Ejecutivo debe presentar al Parlamento hasta el próximo 31 de agosto destine un 6 % del producto interior bruto (PIB) a la educación.
Para contener los paros, el Gobierno decretó el pasado lunes que la educación es un servicio esencial, estableciendo la obligatoriedad de concurrir al trabajo y suponiendo una limitación del derecho de huelga.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé que se declare la esencialidad de un servicio que involucre las condiciones necesarias para asegurar la vida, la seguridad o la salud de las personas, en toda o en parte de la población.
El decreto de esencialidad de la educación fue rechazado por la central sindical uruguaya, PIT-CNT, y por los gremios de la enseñanza, que anunciaron la continuidad de la huelga a pesar de la medida, considerada como una "aberración" sin base jurídica o política.
Por su parte, el director nacional de Educación, Juan Pedro Mir, manifestó, en un comunicado de la Presidencia de la República, que el decreto no interrumpe la negociación y que la propuesta presentada por el Gobierno de llegar al 6 % del PIB para el sector en un plazo de dos años "es el mejor convenio que el país le puede dar a los docentes".
"El convenio es a dos años porque no queremos firmar algo que podríamos no cumplir y queremos volver a negociar a los dos años para ver si podemos acelerar ese proceso, es eso, sino haríamos el convenio a cinco años", explicó y agregó que "el objetivo del 6 % sigue en pie y es parte del programa de Gobierno".
