El Ejército peruano informó el martes la captura de tres militares implicados en la presunta venta de granadas de mano a delincuentes que provocaron la muerte de un policía que intentaba desactivar un explosivo colocado en un colegio.
El comandante general del Ejército Carlos Vergara dijo en conferencia de prensa que tras revisar las actas que certifican el uso de las granadas detectaron "que había personal que había adulterado e inclusive falsificado actas completas". Precisó que se ha detenido a un oficial y dos suboficiales del mayor almacén militar de la capital llamado "Cruz de Hueso".
Vergara indicó que aún falta revisar el resto de los almacenes militares del país y dijo que el tráfico de granadas descubierto "pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos". El ministro de Defensa, Jakke Valakivi, dijo en la misma conferencia de prensa que también se está realizando el conteo de los artefactos explosivos en los depósitos de la Armada y la Fuerza Aérea.
Una semana atrás un policía de la unidad de desactivación de explosivos murió desangrado luego de que una granada dejada por extorsionadores frente a un colegio privado de Lima detonó en sus manos.
Los delincuentes amenazan con atacar a sus víctimas o sus emprendimientos con estos explosivos si se niegan a pagar una exigencia económica. En otro caso relevante de extorsión ocurrido en julio 11 personas resultaron heridas cuando otra granada explotó durante una función de un circo capitalino.
El último jueves la policía halló 53 granadas de mano tipo piña en un barrio limeño que eran comercializadas a presuntos extorsionadores y el sábado el presidente Ollanta Humala y sus ministros de Defensa y del Interior sostuvieron una reunión en el palacio presidencial para analizar la situación.
Expertos indican que las denuncias por extorsiones en Perú no reflejan el fenómeno delictivo en su totalidad por el temor de las víctimas ante la inoperancia policial.
Sólo en la capital se produjeron 920 denuncias por extorsión en 2013 y 1.193 casos en 2014, según datos de la Fiscalía. Este tipo de delito empezó en Perú hace una década en el norte del país donde se ha instalado y con el paso del tiempo se expandió hacia la capital, donde las víctimas son en su mayoría dueños de taxis, panaderías, restaurantes, empresas de construcción y ahora escuelas.
FUENTE: AP