Familia de hondureña asesinada exige cancelar proyecto al que ella se oponía. Foto/AFP

EFE

La familia de la líder indígena Berta Cáceres, asesinada el pasado jueves en el occidente de Honduras, exigió este miércoles la cancelación inmediata de la concesión otorgada a una empresa para la construcción de un proyecto hidroeléctrico, al que se oponía la también dirigente ambientalista.

La petición fue hecha en un comunicado leído en Tegucigalpa ante periodistas por Berta Zúniga, la hija mayor de Cáceres, en el que su familia exige "que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión otorgada a la empresa DESA para el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca", en el occidente hondureño.

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La oposición al proyecto es porque "ha sido la fuente principal de las amenazas, la persecución y la agresión contra la comunidad lenca de Río Blanco y las personas integrantes del Copinh" (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), subraya el comunicado, que considera a la hidroeléctrica "un peligro permanente para nuestra seguridad".

La familia de Cáceres, quien fue una defensora de derechos humanos y ambientalista reconocida a nivel internacional, también pidió que "se suspenda de manera inmediata todas las concesiones que han sido otorgadas dentro del territorio del pueblo lenca".

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Las empresas que promueven proyectos de energía en la región donde habita la etnia lenca, "son la principal fuente de amenazas y agresiones" contra los indígenas, añade la protesta.

Las amenazas, hostigamiento y persecución que Berta, sus familiares y miembros del Copinh habían recibido en los últimos años, según la denuncia, han sido de "agentes estatales y no estatales".

Esas acciones aumentaron a partir de la entrada en funcionamiento del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca ejecutado por la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA) dentro del territorio de la comunidad Lenca de Río Blanco.

La familia indicó que las amenazas fueron denunciadas públicamente, "sin embargo, no se adoptaron medidas efectivas de protección, tampoco se investigaron ni hubo voluntad política para escuchar la voz del pueblo lenca que demanda respeto a su territorio y a su dignidad".

Por esa razón, considera que "el Estado de Honduras es responsable del asesinato" a mano armada de Berta Cáceres y exige justicia y que se respete la memoria de la ambientalista.

Berta Zúniga fue acompañada por otras dos de sus tres hermanos, Olivia y Laura, lo mismo que por el coordinador de Organización del Copinh, Tomás Gómez, y la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL), Marcia Aguiluz.

También por el abogado Víctor Fernández, miembro de la Plataforma del Movimiento Social y Político de Honduras, y Oscar Castro, hermano del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido el día del asesinato de Berta Cáceres.

Castro, único testigo del homicidio, estaba alojado en la casa de la líder ambientalista hondureña cuando fue atacada.

La familia de Cáceres también exigió hoy la desmilitarización de las zonas y territorios del pueblo lenca, el respeto a la autoridad autónoma territorial y la forma de autogobierno de las comunidades lencas, eligiendo al Copinh como organización responsable de su autonomía comunitaria.

Otra de las demandas es que se ponga en ejecución "en forma inmediata la Ley de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos" con "todos los recursos que se requieran para una aplicación efectiva" de sus funciones.

Además, la familia de Cáceres le pidió a las más altas autoridades del país "cumplir con las peticiones planteadas", y en ese sentido solicitó "de forma pública" una "reunión urgente" con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

"A la comunidad nacional e internacional solicitamos acoger nuestras solicitudes e insistir ante las autoridades del Estado de Honduras para que se cumpla con las mismas", subraya el comunicado de la familia de Berta Cáceres, en el que además condenan "enérgicamente el asesinato" de la "compañera y madre".

El asesinato de Cáceres "no constituye un hecho aislado", sino que "demuestra la grave situación de riesgo" de los defensores de derechos humanos, en particular los que defienden los derechos de los pueblos indígenas y la naturaleza, expresó la familia de Cáceres.

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