La justicia española incautó 37 toneladas de gas R-22, prohibido por ser muy dañino para la capa de ozono, en una operación en la que se investiga a una veintena de empresas de varios países y cinco buques pesqueros, informó la Fiscalía General española.
La operación, que comenzó en septiembre de 2014 en Galicia (norte) y ha recibido la felicitación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha sacado a la luz un entramado para utilizar este gas en buques de pesca que operaban en alta mar.
Según los investigadores, una empresa española habría comerciado "ilegalmente" con este gas y se lo habría vendido a empresas europeas, utilizando distintas "argucias técnicas" para camuflar la naturaleza de su actividad empresarial.
El R-22 es un gas prohibido en casi todo el mundo, ya que su uso afecta directamente a la capa de ozono atmosférico reduciendo su espesor.
Pese a esta restricción, empresas españolas y de otros Estados europeos que han suscrito el Protocolo de Montreal, que prohíbe el uso de este gas, lo venían utilizando habitualmente.
Las aplicaciones más frecuentes del R-22 se relacionan con la producción de frío, en este caso en buques pesqueros que congelan en alta mar sus capturas.
El uso ilícito de este gas se debe a que este producto no supera los 10 euros el kilogramo (unos 11 dólares al cambio actual), mientras que cualquiera de los sustitutos legales tienen un precio medio que ronda los 30 euros (unos 33 dólares al cambio actual).
