Un juzgado de Guatemala decidió hoy procesar al exministro de Defensa Williams Mansilla por su supuesta implicación en el pago de un polémico bono militar al presidente del país, Jimmy Morales.
La Fiscalía indicó que en la audiencia de primera declaración, que se celebró a puerta cerrada porque el caso está bajo reserva, la judicatura resolvió ligar a proceso penal a Mansilla por los delitos de "abuso de autoridad y peculado por sustracción", mientras que excluyó el de enriquecimiento ilícito.
El exministro, de 53 años y que estuvo a cargo de la cartera de Defensa desde julio de 2015 hasta que pasó a situación de retiro en octubre pasado, fue detenido este viernes en su casa por la aprobación de un acuerdo administrativo en el que se aprobaba el bono a Morales.
El presidente guatemalteco, que en su calidad de comandante general recibió mensualmente 50.000 quetzales (6.858 dólares), devolvió por orden de la Contraloría General de Cuentas (CGC) todo el dinero días antes de que el Supremo rechazara una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía en este caso.
El exministro, que autorizó y recibió también este bono, salió de Torre de Tribunales acompañado de su defensa pero sin hacer declaraciones a la prensa, después de que la jueza le dictara arresto domiciliario y acudir a la Fiscalía cada 15 días.
Ese bono asignado por el Ejército, según explicó la portavoz del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Julia Barrera, se realizaba a altos cargos del Ministerio desde el 2005, pero se otorgó por primera vez a un presidente en diciembre de 2016, tiempo durante el cual Morales recibió 450.000 quetzales (61.728 dólares).
Fue Mansilla, cuando aún estaba en el cargo, en septiembre pasado, el que confirmó que se repartían los bonos al presidente, así como al resto del alto mando militar y personal de la cartera de Defensa y del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
El presidente Morales, en su calidad de comandante general, recibió mensualmente 50.000 quetzales (6.858 dólares); el ministro Mansilla 45.000 (6.172 dólares); el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Erick Servando Cano, 40.000 (5.486 dólares); y tres de los viceministros de Defensa 35.000 (4.801 dólares) cada uno.
Tras conocerse el ílicito, la Contraloría constituyó una auditoría para indagar lo sucedido y ordenó al mandatario explicar por qué recibía el bono o, de lo contrario, que devolviera los 450.000 quetzales (61.728 dólares) cobrados desde diciembre de 2016, algo que hizo Morales el pasado 14 de septiembre.
Derivado de que Morales devolvió el dinero, el Supremo rechazó la solicitud de desafuero en contra del mandatario en este caso, aunque la Fiscalía presentó en noviembre un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el mayor órgano jurisdiccional del país, para que revoque esta decisión, una petición aún sin resolver.
FUENTE: EFE
