El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y los funcionarios de su gobierno podrían ser procesados en la Corte Penal Internacional (CPI) por los asesinatos cometidos en su campaña contra las drogas hasta que la decisión de abandonar el tribunal se haga efectiva en el plazo de un año, dijeron grupos de derechos humanos.
La decisión de Duterte no supone eludir responsabilidad alguna, sino que es una protesta contra la decisión de un fiscal del tribunal de empezar a estudiar una queja contra el mandatario, dijo el jueves el portavoz presidencial, Harry Roque Jr.
Duterte anunció el miércoles que su país retirará su ratificación del Estatuto de Roma, el tratado global que creó la Corte Penal Internacional, con “efecto inmediato”.
Human Rights Watch señaló que la CPI puede seguir procesando los atroces delitos cometidos en Filipinas hasta que se complete la salida un año después de que Duterte notifique al secretario general de Naciones Unidas.
FUENTE: AP
