AP

El presidente Daniel Ortega ordenó la salida de Nicaragua del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su equipo de trabajo.

La salida de Guillermo Fernández Maldonado y su equipo se da dos días después de que presentaran un informe sobre los derechos humanos en Nicaragua que confirmó el abuso de la fuerza, las torturas y atropellos de manifestantes.

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Ortega rechazó el documento por ser "extralimitado, parcializado y subjetivo".

Una carta enviada por el canciller nicaragüense Denis Moncada a la representante regional para América Central del Alto Comisionado, Marlene Alejos, le solicita que la misión que trabajaba en el país dé por concluida su labor.

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Moncada indicó en el escrito que la invitación que se había girado a la oficina del Alto Comisionado era para que acompañara el proceso de desalojo de los bloqueos viales que los manifestantes que piden la salida de Ortega del poder habían levantado en diferentes carreteras, pero que como los mismos han sido removidos la presencia de la misión ya no es necesaria.

“Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este ministerio da por concluida la invitación y finalizada la visita”, dice el escrito del canciller nicaragüense.

Fernández Maldonado confirmó que estaba de salida de Nicaragua. “Estamos suspendiendo cualquier actividad programada. Vamos a estar informando de esa situación... con un comunicado en las próximas horas”, dijo a The Associated Press.

En una conferencia de prensa en Managua el miércoles Fernández Maldonado había anticipado que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo 5 de septiembre y que podría analizar el caso de Nicaragua.

El informe publicado el miércoles instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.

Las detenciones se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan dónde están retenidos.

Más de 300 personas han muerto desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron contra el gobierno fueron cesados en sus trabajos para disuadir a la población de participar en las protestas.

El gobierno de Nicaragua rechazó el contenido del informe al que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al Ejecutivo.

“Esta es una sobre reacción del gobierno que puede agudizar más la crisis”, dijo el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. “No sé por qué Daniel (Ortega) pensó que podía reemplazar a la OEA con la ONU a pesar de que su secretario general, Antonio Guterres, ya se había pronunciado semanas atrás duro en contra de la represión”, añadió Aguirre, que fue embajador de Nicaragua en Washington entre 1996 y 2001.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha conformado un grupo para visitar Nicaragua y dar seguimiento a la crisis. Ortega ha dicho que no dejará que ese grupo ingrese al país.

La presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, se declaró indignada con la salida del Alto Comisionado.

“Con ésta decisión (Ortega) está haciendo puntos para bajar y devaluar la calidad de respeto a los derechos humanos y su falta de respeto a los tratados internacionales en esta materia”, dijo Núñez, quien recordó que lo que alimenta las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU son casualmente los informes de organismos como el Alto Comisionado.

En tanto, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, indicó en su cuenta de Twitter que la expulsión de la misión “desprestigia al país en la comunidad internacional y no le hace bien a la sociedad nicaragüense”.

A mediados de abril jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El mandatario retiró los cambios pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.

Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas para despejar barricadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.

El presidente culpa a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocarlo y ha dicho que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.

Las protestas siguen pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.

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