Dudas y polémica giran en torno al nuevo procurador de DD.HH. de El Salvador. Foto/@PDDHElSalvador

EFE

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, José Apolonio Tobar, tomará la Constitución como su instrumento de trabajo durante su período al frente de una de las instituciones más importantes, una decisión que ha causado dudas en diversos sectores por la falta de claridad del ombudsman sobre al abordaje de temas cruciales para el país.

En su primer acercamiento con la prensa, Tobar, cuya elección ha causado polémica por las tres investigaciones abiertas que tiene en la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que él es "un procurador de la Constitución, que va a velar por el respeto a los derechos humanos a la luz de la Constitución".

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Su postura deja dudas en diversos sectores por la falta de claridad sobre cómo planea tratar los temas sumamente sensibles para los salvadoreños, como la reparación y justicia de las víctimas del conflicto armado (1980-1922), la despenalización de aborto y los matrimonios homosexuales.

Tobar dijo estar claro en que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) "debe ser garante y vigilante del respeto a los derechos humanos", pero hasta el momento ha guardado silencio en coyunturas que necesitan la voz de un procurador.

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LA POLÉMICA

La Asamblea Legislativa eligió el miércoles como procurador a Tobar, juez civil del oriental departamento de San Vicente de 42 años, para un período de 3 años.

El procurador fue elegido con 57 votos de los 84 diputados, principalmente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), lo que inmediatamente generó la polémica por la unión de estos partidos para elegir a Tobar.

La oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el tercer partido con más diputados en el Congreso, se abstuvo de votar para poner a Tobar como titular de la PDDH.

En vísperas de la elección, el presidente del órgano Legislativo, Norman Quijano, diputado de Arena, señaló a periodistas que el procurador que buscaban "debía de respetar el derecho a la vida, estar en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo y no permitir que se encarcelen a los que estuvieron involucrados en la guerra".

La elección de Tobar "refleja la práctica de dar titularidades de segundo grado como cuota partidarias en las negociaciones de carácter partidario en los partidos políticos", señaló a Efe la directora de Programas de la organización Cristosal, Celia Medrano.

LEY DE RECONCILIACIÓN

En sus primeras declaraciones, Tobar no hizo referencia al proceso que lleva a cabo una comisión especial del Congreso para aprobar una ley de reconciliación, catalogada por diversos sectores como una "amnistía de facto".

El 23 de mayo pasado, los diputados frenaron la aprobación de una polémica propuesta de ley de "reconciliación nacional" para escuchar a las víctimas tras recibir críticas de diversos sectores, incluida la ONU, pero este proceso fue dado por concluido por parlamentarios de tres partidos de derecha, entre estos Arena.

La representante de Cristosal indicó que "existe un temor fundamentado de que el apoyo de algunos partidos políticos al actual procurador responda al compromiso de avalar una ley de autoamnistía".

"La primera acción que debe de generar este procurador, si le interesa demostrar que hay independencia en relación a su responsabilidad y mandato, es pronunciarse a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto (armando)", expresó Medrano.

El anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional fue propuesto después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional, en julio de 2016, la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993.

En julio pasado, el Supremo amplió en cuatro meses el plazo al Congreso para emitir una ley de reparación de las víctimas y que sustituiría a una amnistía.

El plazo para la aprobación de dicha ley se venció el julio del año en curso, por lo que la Sala de lo Constitucional puso como nueva fecha el 13 de noviembre.

BODAS GAIS Y ABORTO

Al ser preguntado sobre su postura ante los matrimonios entre personas del mismo sexo y el aborto, el procurador señaló que "todos debemos entender que como funcionarios públicos estamos sujetos a la Constitución de la República como línea general, entonces analizaremos a partir de la Carta Magna estos temas".

"Yo no me considero un procurador a la medida de un traje en particular, soy un procurador que actuará apegado a la Constitución (...) el principio de legalidad contenido en la Carta Magna establece que los funcionarios podemos hacer y actuar en lo que ella nos los permita, sino lo permite la Constitución no podemos actuar sobre eso", señaló.

La directora de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS), Bianka Rodríguez, espera que Tobar "tanga una visión desapegada a sus ideologías, se rija bajo las leyes y que su actuar sea laico".

"Para el movimiento LGTBI es de suma importancia que el procurador acompañe a las organizaciones de esta población para contrarrestar los discursos de odio y las graves violaciones a derechos humanos que sufrimos las personas LGTBI", apuntó Rodríguez a Efe.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, indicó a Efe que "está bien que el procurador tome la Constitución como bandera pero su primera bandera deben ser los derechos humanos de todos los salvadoreños, especialmente de aquellos que viven situaciones de mayor vulneración de derechos".

"El procurador no puede sacar la Constitución a una niña de 10 años embarazada, ahí él mismo estaría violando la Constitución", agregó Herrera.

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