Un grupo de migrantes nicaragüenses bloqueó el paso al transporte como medida de presión

EFE

Nicaragua envió este jueves policías antidisturbios al puesto fronterizo Peñas Blancas, que comparte con Costa Rica, donde un grupo de migrantes nicaragüenses bloqueó el paso al transporte como medida de presión para que las autoridades permitan el ingreso al país, en el contexto de la pandemia del coronavirus.

"Los 400 nicaraguenses provenientes de Costa Rica y Panamá varados en Peñas Blancas continúan rodeados por las fuerzas armadas del régimen de Ortega. La frontera sigue cerrada y no se le permite el ingreso a ningún vehículo", denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en una declaración.

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Ese organismo humanitario pidió al Gobierno de Daniel Ortega "que les deje entrar de inmediato" a los migrantes nicaragüenses que se encuentran varados en la línea fronteriza, algunos desde el sábado pasado.

El Gobierno de Nicaragua ha explicado que solamente extiende permisos de ingresos a quienes presenten un certificado de COVID-19 negativo, no presente síntomas relacionados, y demuestren que tienen pagado su transporte desde el país de origen hasta su vivienda.

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Las autoridades de Nicaragua únicamente garantizan pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses que viajen al exterior, a un costo de 150 dólares, que equivale al 81 % del salario mínimo promedio, según el Ministerio de Salud, que, tras las críticas por el cobro, eliminó la publicación de su página web.

ORTEGA VIOLA CONSTITUCIÓN

Para el organismo humanitario, el Ejecutivo nicaragüense debe garantizar las pruebas de COVID-19 y, según sus resultados, darles seguimiento a su salud, "pero no en la frontera", donde duermen a la intemperie.

"El régimen de Ortega no da respuesta a los connacionales que llevan varios días viviendo en condiciones inhumanas en la frontera", señaló el Cenidh, que dijo le preocupa la situación de los 400 nicaragüenses "que al cerrarse ambas fronteras quedan atrapados y sin apoyo".

Diversas organizaciones humanitarias consideran que el Gobierno de Ortega está violando los derechos humanos y constitucionales de sus propios ciudadanos a quienes no deja entrar al país sin una prueba negativa de la COVID-19.

Ese caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Desde el miércoles los migrantes nicaragüenses cerraron la frontera al paso de vehículos como medida de presión para que les permitan ingresar a su país.

La Dirección de Migración de Costa Rica informó que estas personas efectuaron el trámite migratorio correspondiente para salir de este país, pero a la hora de ingresar a Nicaragua las autoridades de ese país les impidieron la entrada.

Los migrantes afirman que tienen días varados porque las autoridades les están exigiendo una prueba negativa de la COVID-19 para ingresar a su propio país, algo para lo que no tienen dinero.

Panamá, Costa Rica y Nicaragua tienen un acuerdo para el tránsito de nicaragüenses que estaban varados en Panamá tras perder sus ingresos económicos debido a la pandemia.

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