El Gobierno de España aprobó este martes una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, una medida que podría beneficiar a alrededor de 500 mil personas que residen en el país sin estatus legal.
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó la aprobación como un “día histórico”, al considerar que permitirá mejorar la vida de miles de personas al ofrecerles la posibilidad de vivir “con igualdad de derechos y oportunidades”.
España aprueba regularización extraordinaria para medio millón de migrantes
La reforma es resultado de un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que lidera el Gobierno, y la formación izquierdista Podemos, luego de que una iniciativa legislativa popular, respaldada por más de 700 mil firmas, permaneciera bloqueada por más de un año en el Congreso.
Al tramitarse mediante real decreto, el Ejecutivo no necesita la convalidación parlamentaria, lo que le permitió avanzar pese a la falta de consenso político.
Críticas y posibles acciones legales
La medida generó reacciones inmediatas de la oposición. El Partido Popular (PP) calificó la regularización como “ilegal” y aseguró que representa un “llamamiento a las mafias” dedicadas al tráfico de personas.
Por su parte, el partido de ultraderecha Vox anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar frenar la aplicación del decreto.
Requisitos y documentos válidos
Para acceder a la regularización, los migrantes deberán demostrar su tiempo de permanencia en España mediante documentos como:
- Padrón municipal
- Informes médicos
- Contratos de alquiler o servicios (luz, agua)
- Certificados de envío de dinero
El plazo máximo de tramitación será de tres meses, aunque la simple admisión de la solicitud, que puede tardar unos 15 días, permitirá a los beneficiarios trabajar legalmente desde el primer día.
Inicio del proceso y efectos inmediatos
El Gobierno prevé que las solicitudes comiencen a presentarse en abril. Una vez iniciado el trámite, quedarán suspendidas las órdenes de expulsión o los procedimientos de retorno por causas administrativas o por trabajar sin permiso que afecten a los solicitantes.
FUENTE: EFE