Washington Internacionales -  31 de enero 2022 - 13:51hs

LA CIDH y la ONU exhortan a El Salvador a investigar uso de Pegasus contra prensa

El Salvador afirma que "el origen de tales intervenciones es desconocido por lo que se encuentra desarrollando las investigaciones correspondientes".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central, República Dominicana y el Caribe (OACNUDH) pidieron este lunes a El Salvador que investigue el espionaje a periodistas con el software Pegasus.

Los teléfonos de al menos 35 empleados de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña fueron intervenidos con el software malicioso Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Group, según un peritaje del laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now.

De las 35 personas, al menos 22 serían miembros del portal de investigación periodística salvadoreño El Faro y de ellos 19 se hallaban bajo medidas cautelares de la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde enero de 2021.

https://twitter.com/CIDH/status/1488154446475448323

La CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y OACNUDH, exhortan a El Salvador "a investigar los hechos denunciados" y "a velar por la protección de la integridad de las víctimas",en un comunicado publicado este lunes.

El Estado salvadoreño debe ofrecer "libertad de expresión y al derecho a la privacidad, en particular respecto del ejercicio del periodismo y de la labor de las y los defensores de derechos humanos".

Las entidades pidieron "investigaciones conducidas con la debida diligencia, y que sean completas, efectivas e imparciales", añaden.

El Salvador afirma que "el origen de tales intervenciones es desconocido por lo que se encuentra desarrollando las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad y autoría de tales hechos, los cuales habrían vulnerado también dispositivos y comunicaciones de funcionarios estatales", señala el texto.

Las tres organizaciones piden una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia hasta que "se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos".

FUENTE: AFP

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